“Quiero agradecer la madurez ideológica y política de todos los hermanos y hermanas dirigentes de la COB y del Pacto de Unidad con quienes ratificamos que existe un solo proceso de cambio y que todas las organizaciones sociales y el Gobierno Nacional estamos en franca unidad”, aseguró en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental).
Al concluir una reunión de cinco horas con representantes de organizaciones y movimientos sociales, Arce agradeció el compromiso del pueblo boliviano por su compromiso con la democracia e invitó a todas y todos los connacionales a una gran concentración y movilización el próximo 22 de enero, a propósito del aniversario del Estado Plurinacional.
Los participantes en el encuentro arribaron a varias conclusiones importantes, pero lo que primó ante todo fue la unidad, y reiteró su agradecimiento a todos por el acompañamiento en lo que denominó “profunda reflexión sobre lo que está sucediendo en el país”.
En una intervención anterior, el secretario general de la COB, Juan Carlos Huarachi, sostuvo que todas las organizaciones y movimientos sociales del país están en estado de emergencia ante los intentos desestabilizadores que se registran en Santa Cruz.
Instó a todos los trabajadores de los diferentes sectores a no dejarse arrastrar a los intentos de confrontación de los sectores conservadores, y anticipó que desde el 9 de enero se realizarán marchas y concentraciones en los nueve departamentos de Bolivia.
Comentó Huarachi que todos los líderes sociales recibieron información al detalle de la situación jurídica del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y reafirmaron que no existe ilegalidad ni persecución política en su procesamiento.
La máxima autoridad gubernamental de Santa Cruz permanece detenida preventivamente en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento paceño.
Principal promotor del derrocamiento del gobierno del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, Camacho está imputado por “terrorismo”, en el expediente denominado Golpe de Estado I.
Estas pesquisas investigan el complot que desembocó en la imposición del gobierno de facto de Jeanine Áñez y las posteriores masacres de Sacaba y Senkata con saldo de 38 muertes, cientos de heridos y miles de violaciones de los derechos humanos.
Tras el arresto de Camacho el 28 de diciembre, el Comité Pro Santa Cruz y su brazo violento, la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista, desataron una ola de violencia que mantiene en tensión a ese departamento, ambiente que los grupos de poder cruceños pretenden extender al resto del país.
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