La plataforma que defiende los derechos humanos fue muy crítica con la presunta corrupción en los tribunales de primera instancia y entre algunos actores del sistema judicial.
De acuerdo con Justicia y Solidaridad, si los litigantes no cuentan con presupuesto para ofrecer pagos a toda la cadena, o su caso no fue publicitado en los medios de prensa, “languidecerán en prisión a la espera de un juicio penal con o sin asistencia de un jurado”.
Además, denunciaron que algunos comisarios de Gobierno remiten a detenidos a jueces de instrucción que dictaminan la libertad provisional aun cuando no procede por ley, y muchos de esos casos no tienen luego seguimiento.
“Es la corrupción que campa a sus anchas en la mayoría de nuestros tribunales y fiscalías”, aseguró la organización.
A inicios de diciembre la Dirección de Administración Penitenciaria reconoció que de los 11 mil 718 reos solo mil 935 fueron condenados por un juez y el resto espera hasta por una década para litigar su caso, mientras algunos ni siquiera pueden pagar abogados.
La situación disparó la sobrepoblación carcelaria, y actualmente muchas de las prisiones del país operan al cuádruple de su capacidad, a lo cual se suma la falta de alimentos y de atención médica.
En noviembre el Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos denunció que los presos conviven en un espacio de 0,6 metros cuadrados, siete veces menor que las normas estándares.
Desde su llegada al cargo a finales de 2022, la ministra interina de Justicia, Emmelie Prophète, adoptó medidas administrativas contra la detención preventiva prolongada que consideró arbitraria e ilegal, además de denunciar la situación degradante de los detenidos.
Prophète recordó a los fiscales y suplentes la obligación de visitar periódicamente los centros penitenciarios y velar por que sean seguros, limpios y que la salud de los reclusos no se vea afectada de ninguna manera.
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