“Como Ministerio Público no vamos a permitir que estos hechos violentos, que van más allá del derecho a la protesta constitucionalmente reconocido, sin embargo, debemos tener presente que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de otro”, afirmó el director de Gestión Fiscal, Roberto Almendras.
Tras la aprehensión y traslado al departamento de La Paz del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, grupos de choque afines a este político imputado por terrorismo en el caso Golpe de Estado I y el Comité Cívico de este territorio protagonizaron ataques violentos contra instituciones públicas, dos domicilios particulares y dos empresas privadas.
Esas operaciones con medios pirotécnicos de alto poder, cocteles molotov y objetos contundentes causaron grandes estragos en la sede del Servicio de Impuestos Nacionales, unidades policiales, sucursales del Banco Unión, el Palacio de Justicia, la Fiscalía territorial y otras.
Como parte de esa estrategia de violencia desestabilizadora fueron destruidos por las llamas 45 vehículos y 26 agentes policiales heridos, especialmente en la oleada agresiva que se reiteró durante varias noches contra el cuartel del Comando Departamental de la Policía.
Un reporte oficial cifró en 37 millones de bolivianos (más de cinco millones de dólares) los perjuicios sufridos por la sede de la fiscalía cruceña, incinerada en un 90 por ciento y con peligro de derrumbe, según peritos del Instituto de Investigaciones Forenses.
De acuerdo con el Ministerio Público, como parte de las pesquisas 33 personas están sometidas a detención preventiva, 22 imputadas en procesos penales, 26 aceptaron su culpabilidad y ya fueron condenadas en juicios abreviados, mientras que tres tienen medidas sustitutivas y permanecen en libertad mientras avanzan las investigaciones.
Tras el encarcelamiento preventivo el 30 de diciembre de Camacho, imputado de terrorismo por su participación en el golpe de Estado que forzó la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, sectores afines al político reclaman su liberación con diversas medidas de fuerza
Esa agresividad prevalece a pesar de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mostró en conferencia de prensa documentación confirmativa de que dentro del complot investigado en Golpe de Estado I, Camacho realizó un movimiento bancario superior a los cuatro millones de dólares.
Para esclarecer estos hechos, la máxima autoridad ejecutiva cruceña fue citada cuatro veces por la fiscalía desde 2021, pero nunca acudió.
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