La Defensoría del Pueblo reportó dos nuevas muertes tras el primer informe oficial del director del hospital estatal de Juliaca, Jorge Sotomayor, que consignó 12 vidas perdidas y varios cadáveres con órganos destrozados, al parecer por balas explosivas.
Las muertes, que elevaron a 40 el número de caídos desde la destitución y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo, se registraron en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac, cuando una multitud de manifestantes, reforzados por pobladores de localidades cercanas, intentaba ocupar la terminal aérea.
Entre los muertos hay un menor de edad, según la Defensoría, y un interno de medicina que socorría en la zona de conflicto a heridos, cuando fue abatido por un disparo, informó la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina.
A la ciudad de Puno, capital de la región del mismo nombre y de la que forma parte también Juliaca, llegaron también masivamente pobladores de la provincia de Collao, de habla aimara, y participaron en manifestaciones nocturnas en la que edificios públicos fueron apedreados y en un caso incendiado.
La conmoción obligó a la presidenta Boluarte a suspender una reunión del Acuerdo Nacional (foro de concertación integrado por poderes del Estado, y delegados empresariales, sindicales y regionales) que había convocado para buscar salidas a la crisis.
“Me acaban de comunicar que acaba de fallecer un civil en Puno. Hermanos de Puno”, dijo la mandataria y agregó que “No se está entendiendo claro qué está pidiendo” .
“Ya les he explicado que los cuatro puntos políticos no están en mis manos, lo único era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos. (…) Lo que están ustedes pidiendo es un pretexto para seguir (protestando)”, añadió en referencia a los reclamos de su renuncia, prontos comicios adelantados y otras demandas.
El conductor de televisión Jaime Chincha criticó el comentario y dijo que Boluarte demostró “ceguera política y absoluta ausencia de empatía con las víctimas”, cuando el país está al borde del abismo.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Perú demandó hoy al Ministerio Público investigar las 14 muertes de hoy, para la sanción a los responsables, y evitar toda forma de impunidad.
Anotó que “no corresponde a la Policía ni a las Fuerzas Armadas resolver los conflictos” y que es deber del Gobierno y del Congreso “encontrar una salida realista y en un plazo razonable, que devuelva la tranquilidad y la paz al país”.
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