La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, dijo que esas organizadores denunciaron los citados crímenes a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitan Perú en misión de observación.
Fundamentó la acusación de ejecuciones extrajudiciales en que los estándares internacionales consideran como tales a las realizadas fuera de cualquier forma de legalidad innecesariamente y sin que medie la legítima defensa.
Citó los casos de las muertes de quien daba auxilio médico a heridos en las protestas, transeúntes y manifestantes desarmados
También señaló que en las operaciones policiales y militares se han cometido masacres, como se consideran a los asesinatos de cinco o más víctimas indefensas, pues fueron ultimados 10 manifestantes en la región surandina de Ayacucho y 17 en la de Puno. Hasta ayer, el total de muertos llegó a 46.
Jennie Dador dijo que en la reunión las organizaciones peruanas denunciaron otras violaciones de derechos humanas, como el uso indiscriminado de la fuerza, la criminalizacion de la protesta, la impreparación de los policías y las detenciones masivas e injustificadas.
Por su parte, la activista humanitaria Mar Pérez, por su parte, afirmó que los responsables de la crisis son el Gobierno y el Congreso y que la salida es política y no policial y represiva.
Desestimó el diálogo porque no es viable debido a que el Gobierno ha perdido la confianza de la población, por las muertes, lamentables las de civiles y las de un policía y señaló que los gendarmes son utilizados con riesgo de su integridad.
Para Mar Pérez, la única salida es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, como reclaman las protestas, el cambio de la mesa directiva del Parlamento, para que el sucesor sea neutral, y la convocatoria a prontas elecciones adelantadas.
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