En diálogo con corresponsales de agencias internacionales, el titular de Comercio e Industria (MICI) del país istmeño, Federico Alfaro, fue enfático cuando aseveró que el plazo dado para evaluar el pacto concluyó el 17 de enero de 2022 cuando por escrito fueron aceptados por la compañía los términos y condiciones de la mesa de negociación.
De ese momento a la fecha, lo que está en marcha es un proceso de redacción del contrato que refleje cabalmente los términos y condiciones acordados por ambas partes a inicio del pasado año.
El pasado 14 de diciembre, 11 meses después, luego de un ultimátum dado por el Ejecutivo para suscribir ese acuerdo, el MICI ordenó que Minera Panamá presentara un plan llamado en términos legales de cuido y mantenimiento, equivalente al cierre de operaciones comerciales, indicó.
Alfaro explicó que lo que ahora están en marcha son conversaciones luego de que la compañía presentara apelaciones y recurriera a dos procesos de arbitraje internacional y otros administrativos.
Panamá no es ajena a esos procesos de arbitraje internacional, en este caso en apego a la letra del Tratado de Promoción Comercial entre nuestro país y Canadá, pero también somos respetuosos del Estado de Derecho y mantendremos la posición de defender esos activos y los recursos naturales que pertenecen a todos los panameños, remarcó.
A preguntas de Prensa Latina sobre la situación futura de los casi seis mil trabajadores de la mayor mina de cobre en el distrito de Donoso (Colón), que han denunciado en caso de cierre amenazas de despidos, indicó que el Gobierno es el primer interesado en proteger los derechos laborales de esas personas en correspondencia con el Código de Trabajo.
Es una razón más para que Minera Panamá termine de firmar el contrato, agregó, pero opinó que los empleados no deben ser utilizados por la compañía como “peones de negociación” en esta suerte de pulseo con el Gobierno sobre el futuro de la minera.
Interpelado sobre si el MICI tiene en su estrategia recurrir a una nueva licitación o empresas foráneas, en caso de que First Quantum no firme el contrato, Alfaro, sin otros detalles, admitió que “todas las opciones están sobre la mesa”.
De otra parte señaló que las diferencias Gobierno-Minera Panamá aún están latentes en particular en materia económica en caso de que el precio de cobre bajase a menos de dos dólares con 75 centavos la libra o si la empresa, por alguna razón, no pudiese extraer más de 250 mil toneladas al año.
También discrepan en temas fundamentales como regalías, deducciones por agotamiento, medidas internacionales para mitigar la evasión de impuestos, incumplimiento sustancial y terminación del contrato en torno a una primera concesión por 20 años, extensible a similar cantidad adicional.
El MICI espera la próxima semana responder también a sendas apelaciones hechas por Minera Panamá sobre las decisiones de la Dirección Nacional de Recursos Naturales y sobre el plan de cuido y mantenimiento ordenado por esa cartera.
Asimismo, el ministro subrayó que el país centroamericano sigue siendo seguro para la inversión extranjera y una muestra es la presencia de más de 200 multinacionales, el auge de la carga que transita por el Canal de Panamá o el auge de pasajeros por el aeropuerto internacional de Tocumen, una conexión aérea regional y mundial por excelencia.
Pero al mismo tiempo reiteró la postura del Estado de mantenerse firme y velar por que los intereses del pueblo panameño estén debidamente representados en todo tipo de contrato, con “grandes y chicos”, según dijo, y bajo ninguna circunstancia aceptar términos y condiciones que pongan en riesgo a la nación.
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