Durante una audiencia ante el Parlamento, funcionarios surcoreanos confirmaron que se quiere concretar la compensación mediante un fondo concebido para ese fin, en lugar de un pago directo de las firmas japonesas responsables.
Sin embargo, las víctimas y los grupos cívicos que las apoyan protestaron fuertemente contra la medida, alegando que el asunto no se trata de dinero, sino de abordar las pasadas violaciones de los derechos humanos por parte de Japón.
El controvertido plan gubernamental fue desvelado durante una audiencia celebrada en la Asamblea Nacional sobre las formas de resolver el espinoso tema de compensar a las víctimas, en consonancia con los históricos fallos consecutivos de 2018, por parte del Tribunal Supremo surcoreano, contra las corporaciones niponas Mitsubishi Heavy Industries y Nippon Steel.
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