La víctima, que elevó a 48 el número de muertes en dos oleadas de protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, es un adolescente de 15 años que el 9 de diciembre recibió una bala en la cabeza y falleció hoy en la mesa de operaciones.
Sus familiares aseguraron que el muchacho no participaba en las protestas que, como decenas que se realizan en diversos puntos del país y los bloqueos de carreteras, no cesan pese a las consecuencias y a las reiteradas advertencias gubernamentales que conminan al cese de las acciones opositoras.
El joven, cuya identidad no fue revelada por prohibirlo las normas legales, falleció en la ciudad puneña de Juliaca, en medio de una prolongada huelga general.
Mientras tanto, en Lima, miles de trabajadores y seguidores de partidos de izquierda marcharon pacíficamente por el centro de la ciudad coreando lemas de rechazo a Boluarte y solo se registraron incidentes menores y la detención de un joven manifestante.
Cientos de Policías acompañaron la marcha en actitud vigilante y formaron verdaderas murallas humanas, con escudos delante, para impedir que los marchistas enrumbaran al Palacio de Gobierno o al Palacio Legislativo.
Ante la persistencia de las protestas, el primer ministro, Alberto Otárola, negó tajantemente que Boluarte vaya a renunciar y ratificó pleno apoyo del Ejecutivo al desempeño de las Fuerzas Armadas, pese a que la presidenta, él y otros involucrados son investigados por las muertes por la Fiscalía.
Descartó también una autocrítica y señaló que las muertes son responsabilidad de quienes, según dijo, atacaron a la Policía y al Estado, por lo que el Gobierno hizo uso legítimo de la fuerza en defensa de la población.
Esta noche renunció el ministro de Trabajo, Eduardo García, por discrepar con las muertes y la continuación de la política gubernamental contra las protestas y se sumó a otra demanda de estas, la celebración pronta de elecciones generales adelantadas.
En Ayacucho, ciudad surandina y uno de los bastiones de la protesta, se informó que la Policía detuvo a la presidenta del Frente de Defensa de la región del mismo nombre, Rocío Leandro Melgar, quien cumplió prisión acusada de integrar el grupo armado Sendero Luminoso, y otros cinco dirigentes del frente.
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