La declaración de Otárola dio pie además a que, también en ese tema, las opiniones se polaricen entre quienes plantean que solo la dimisión llevará a la salida del conflicto que ha cobrado cerca de 50 muertes y quienes se oponen a la idea.
Por una parte, los partidos progresistas, el movimiento de protesta, los gobernadores regionales, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otros sectores exigen el retiro de Boluarte por considerarla responsable política de la inusitada mortandad.
A ese criterio se sumó el hasta ayer ministro de Trabajo, Eduardo García, al dimitir en desacuerdo con la nueva oleada de muertes de esta semana en las regiones surandinas de Cusco y Puno y por estimar que urge un pedido oficial de disculpas al pueblo y un cambio de gobierno mediante prontas elecciones generales adelantadas. “Dejar la presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno. Y eso no va a ocurrir”, dijo ayer en conferencia de prensa el primer ministro y hoy fue secundado con vehemencia por voceros de las bancadas de extrema derecha y centro del Parlamento.
El legislador centro-derechista Edwin Martínez sostuvo que no es aceptable el cambio constante de presidente, considerando que Boluarte es la número siete en menos de siete años pero adelantó que, si la mandataria renunciara, el sucesor sería el polémico exmilitar José Williams.
Desde la izquierda, la legisladora Ruth Luque señaló que Boluarte es legalmente presidenta (reemplazó el 7 de diciembre último al destituido y encarcelado Pedro Castillo), pero carece de legitimidad social, por lo que su renuncia es imprescindible para salir de la crisis política y social.
Añadió que la presidenta renunciará más temprano que tarde e hizo un llamado a que lo haga pronto, “para que el tránsito no sea más doloroso para nuestro pueblo”.
Mantenerse en el Gobierno, opinó Luque, no va a detener el escalammiento del conflicto y la renuncia va a acelerar el proceso a los nuevos comicios, aunque si asume el sillón presidencial Williams, no va a contribuir a una administración transitoria que asegure prontos comicios, por lo que la izquierda propugna una figura neutral de consenso.
La jefa de Estado reapareció hoy tras suspender, sin anuncio previo, su exposición pública el 7 de enero, día del inicio de la segunda ola de muertes, aunque lo hizo al participar mediante video-conferencia en la Cumbre de la Voz del Sur Global,
Según informe oficial, Boluarte lamentó las muertes y ratificó que las elecciones serán en abril de 2024 y que “tenemos que restablecer el orden público y, al mismo tiempo, fortalecer, como Gobierno, nuestra capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía”.
lam/mrs
