La más reciente impugnación interpuesta por el abogado Roberto Ruiz también apunta a defraudación fiscal por parte de la filial de la trasnacional canadiense First Quantum que opera en el distrito de Donoso, provincia de Colón, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el pacto suscrito entre la compañía y el Estado desde el 21 de diciembre de 2017.
Al mismo tiempo cuestiona que la empresa continúa explotando la mayor mina de cobre a cielo abierto en América Central, sin pagar los impuestos correspondientes.
El pasado 19 de diciembre de 2022, el Gobierno ordenó a Minera Panamá elaborar un plan para poner en cuido y mantenimiento la instalación, lo que equivale al cierre de operaciones comerciales.
Sobre el tema, el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, admitió ante corresponsales extranjeros que el Gobierno evalúa todas las opciones disponibles en caso de que fracasen las negociaciones en curso para que la compañía siga operando, incluida la concesión a otra empresa, sin dar más detalles.
También señaló que aún hay brechas significativas en el contrato por firmar en temas económicos y legales en particular le preocupa que en caso de una disminución del precio del cobre, la minera no cumpla con las regalías de 375 millones de dólares anuales.
Según estadísticas oficiales, desde 2019 Minera Panamá produce al año unas 300 mil toneladas de concentrado de cobre, las cuales representan el 75 por ciento de las exportaciones del istmo y casi el 4,0 por ciento del Producto Interno Bruto.
De su parte, los trabajadores de Minera Panamá demandaron respuestas sobre su situación laboral en medio de la controversia con el Ejecutivo.
El dirigente de ese gremio, Francisco Díaz, aseveró que luego de reunirse con la ministra de Trabajo , Doris Zapata, no encontraron las respuestas a sus demandas de quien asumiría los pagos de salarios a casi seis mil empleados en caso de cierre de las operaciones de la planta procesadora.
En la semana que concluye en el istmo también conmemoraron el Día de los Mártires en recordación de aquel movimiento estudiantil y popular que en 1964 reclamó la presencia de la bandera nacional en el territorio ocupado por Estados Unidos conocido como la Zona del Canal.
Uno de los participantes de aquellos acontecimientos del 9 de enero, Adolfo Ahumada, aseveró que la gesta patriótica permitió 13 años después la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977, que se materializó con la devolución en 1999 de la vía interoceánica.
Mientras lideres de organizaciones sociales y sindicales que llegaron con sus marchas de protesta hasta la base de los monumentos a los mártires de aquella epopeya rechazaron la injerencia permanente de Estados Unidos en la nación istmeña.
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