“El 23 de enero está llegando una misión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a objeto de hacer un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI)”, aseguró el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.
Según el vicetitular, se prevén reuniones con autoridades del Ministerio de Justicia, la Procuraduría General, La Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia y organizaciones de víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal.
El 14 de noviembre de 2019, el régimen de facto de Jeanine Áñez puso en vigencia el Decreto Supremo 4078, conocido también como el de la Muerte, el cual exoneraba de responsabilidad penal a militares y policías por los excesos cometidos en la represión contra quienes reclamaban respeto a la democracia.
Como saldo, murieron 38 personas, cientos resultaron heridos y se reportaron miles de detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos humanos.
Siles informó en entrevista a Radio Cepra que esta visita obedece a la firma de un convenio entre el Estado boliviano y la CIDH con el objetivo de establecer una mesa de seguimiento a las recomendaciones emitidas por el grupo de expertos.
“El GIEI emitió 36 recomendaciones, de las cuales 15 fueron priorizadas, como el inicio, continuación y finalización de los procesos de investigación de las masacres de noviembre de 2019”, declaró el viceministro.
De acuerdo con el vicetitular, se realiza una sistematización de todos los avances de las recomendaciones para ser presentadas a la delegación de la CIDH. En agosto de 2021, el GIEI-Bolivia presentó públicamente su informe final y emitió 36 recomendaciones dirigidas al Estado boliviano, a la sociedad y a la CIDH.
De las 36, 35 instan al gobierno a crear e implementar un mecanismo de seguimiento nacional y otro en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos.
La Mesa de Seguimiento para Bolivia quedó instalada en marzo de 2022 con la finalidad de desplegar acciones de acompañamiento técnico especializado a las autoridades estatales involucradas en los procesos de implementación de las recomendaciones.
Estas últimas se refieren a la investigación de los hechos ocurridos y reparación integral a las víctimas de violaciones a sus derechos, así como aspectos institucionales y transversales.
Como parte de este proceso, la CIDH acordó un plan de trabajo con el Estado, que incluye visitas al país para recibir información en terreno, así como apoyo técnico, entre otras tareas.
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