Al mismo tiempo, la capital peruana fue escenario de una marcha pacífica de apoyo a las protestas que por tercera vez recorrió desde el centro de la ciudad hasta el exclusivo barrio de Miraflores, tradicional bastión conservador y cerca de 200 artistas e intelectuales se pronunciaron a favor de las protestas.
Reportes de la Superintendencia consignaron hoy 98 puntos de bloqueo, con el cierre de la carretera Panamericana, una ruta que recorre toda la costa del país, en la provincia Virú, cerca de la norteña ciudad de Trujillo.
El presidente del Comité de Lucha que cumple la medida, Andy Requejo, explicó que la medida se inició y se irá ampliando a todas las rutas de la región de La Libertad, debido a que sus reclamos de la renuncia presidencial y un referendo sobre la convocatoria a una asamblea constituyente, no son atendidos tras dos semanas de marchas en la zona.
Fuentes oficiales reportaron además el bloqueo de la importante carretera Longitudinal de la Sierra en la región centroandina de Pasco, mientras Arequipa, capital de la región del mismo nombre sigue privada del acceso a la ruta costera y a las que comunican con los territorios andinos de Puno y Cusco.
El primer ministro, Alberto Otárola, descartó la renuncia de la mandataria, en una entrevista en la que se le preguntó si ella se negaba a dimitir o era obligada a hacerlo, lo que ha sido materia de versiones en círculos políticos y Otárola negó tajantemente.
El número dos de la estructura gubernamental aseveró también que el Ejecutivo no permitirá que la paz y la tranquilidad de Lima sea alterada por las columnas que lleguen de provincias y están en camino.
Una caravana de vehículos procedente de Andahuaylas con al menos 400 marchistas, fue retenida en la región de Ica por la Policía, que aseguró que la medida fue tomada para registrar lo que llevan y después se permitirá que sigan viaje a Lima.
Otárola insistió en que un grupo de azuzadores de las protestas son financiados por elementos del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, lo cual, según el gobernador de la región surandina de Puno, Richard Hancco, exacerba el conflicto.
Sin retroceder, las organizaciones sociales, protagonistas de las demostraciones que han dejado un saldo de al menos 48 muertos, en dos oleadas de protestas, la primera en diciembre pasado.
De otro lado, un sondeo de la encuestadora Ipsos, vinculada al sector empresarial, coincidió con una previa del académico Instituto de Estudios peruanos (IEP), en asignar a la presidenta una aprobación de solo nueve por ciento y una desaprobación de 88 por ciento.
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