En un discurso en una actividad oficial, la mandataria desaprobada masivamente en las encuestas anunció que en las próximas horas serán desbloqueadas las carreteras tomadas por los descontentos, lo que se hizo efectivo de madrugada en la provincia norteña de Virú, en una operación de la Policía y el Ejército.
“Les tendemos la mano y el corazón, nosotros vamos a sus regiones o ustedes vienen a la casa de Gobierno para poner sobre la mesa y conversar sobre aquello que los lleva a la calle a protestar y, de una vez, pongámosle fin a estas marchas de protesta y démosle la entrada a la solución de las necesidades que ustedes reclaman”, dijo.
Sin embargo, volvió a rechazar las demandas políticas del movimiento de protesta iniciado tras la destitución, el 7 de diciembre último, del presidente Pedro Castillo, de quien ella era hasta entonces vicepresidenta.
Boluarte, quien se niega a renunciar, desestimó nuevamente, por no estar en sus manos, según dijo, las demandas de un referendo sobre la pertinencia de la asamblea constituyente y también la libertad del expresidente.
Sostuvo que esos reclamos son solo pretextos “para seguir bloqueando carreteras” y afirmó que quienes el Gobierno considera elementos minoritarios engañan al pueblo o lo obligan a participar con amenazas y chantaje y señaló que los bloqueos de carreteras son ilegales.
Entretanto, la policía acentuó los controles en los accesos a Lima, con estrictos controles, ejercidos también en la sureña región a los autobuses y camiones que traen a los manifestantes del sur andino, bastión de las protestas antigubernamentales.
Una caravana de 14 vehículos procedente de la provincia de Andahuaylas fue interceptada en la provincia costera de Pisco y cinco de sus choferes detenidos por irregularidades en su documentación, pero el Ministerio Público dispuso su libertad.
Ante el incidente, el responsable para Lima de la Defensoría del Pueblo, Alberto Huerta, advirtió que “No se puede restringir el libre tránsito, porque el derecho de protesta es un derecho fundamental”.
De otro lado, la Confederación General de Trabajadores convocó para el 19 de diciembre a un paro nacional o jornada de movilizaciones, de apoyo a las protestas del interior y en demanda de la dimisión de Boluarte y denunció medidas policiales de amedrentamiento al movimiento sindical.
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