Edgar Cáceres, dirigente de ese barrio atacado de manera reiterada por los grupos paramilitares subordinados a los cívicos durante el reciente paro con bloqueos de 36 días, expresó “mucha preocupación” por el anuncio dado a conocer por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.
“Otra vez nos quieren encerrar”, declaró Cáceres a la prensa.
Indicó que la causa de la preocupación en la populosa zona es porque “la gente de la derecha” genera zozobra, violencia y no realizan protestas pacíficas.
Peniel Tórrez, dirigente gremial, por su parte, informó que las organizaciones sociales se declararon en estado de emergencia ante el nuevo anuncio de los cívicos cruceños.
Agregó que en nombre de la “libertad” y la “democracia” buscan generar violencia por intereses netamente políticos, como la liberación del gobernador, Luis Fernando Camacho, encarcelado preventivamente en la condición de imputado en el caso Golpe de Estado I.
En este expediente, Camacho es investigado por los presuntos delitos de terrorismo, cohecho activo y seducción de tropas durante las revueltas que provocaron el 10 de noviembre de 2019 la renuncia del expresidente Evo Morales y la posterior imposición anticonstitucional del gobierno de facto de Jeanine Áñez.
“Nosotros no somos representados por el Comité (…). No nos sentimos representados, rechazamos estas peticiones y nos declaramos en estado de emergencia”, advirtió.
De otro lado, la presidenta del Comité Cívico Popular de Bolivia, Roxana Molina, declaró al canal Bolivia TV que sus afiliados no participarán del cabildo porque el país lo que necesita es trabajar para salir adelante.
La Central Obrera Boliviana y las organizaciones integrantes del Pacto de Unidad, base social del Movimiento al Socialismo, en tanto, ratificaron este martes que permanecen en estado de emergencia y movilización permanente ante cualquier intento de desestabilización o un nuevo intento de golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Luis Arce.
Sobre esa base, realizan cada día marchas multitudinarias en los distintos departamentos con la demanda de justicia para los muertos de las masacres del régimen de facto (2019-2020) y con la exigencia de respeto a la democracia.
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