En declaraciones a la televisión estatal, Romero calificó la acción de la Policía como prolija y respetuosa de los derechos humanos, aunque recibió cuestionamientos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Defensoría del Pueblo.
La secretaria ejecutiva de la CNDH, Jennie Dador, declaró que su organización presentó un habeas corpus contra el ministro Romero y el comandante general de la Policía Nacional, general Raúl Alfaro.
Los acusa de “arbitrariedad y abuso de poder” cometidos durante la incursión de esta mañana en la citada universidad para desalojar a marchistas opositores allí alojados y llegados del interior, sin presencia de fiscales y sin acceso de los detenidos a sus abogados.
Sobre el alegato policial de que la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, denunció ante la Policía que intrusos robaron anoche a los vigilantes de la universidad chalecos antibalas y equipos, por lo que pidió la intervención de los uniformados.
La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, aseguró que se le impidió el acceso durante el allanamiento e ingreso al campus de San Marcos, para cumplir la función de verificar el respeto a los derechos de los estudiantes y marchistas provincianos.
De otro lado, cientos de familiares y amigos de los detenidos se agolparon en las inmediaciones de la Comandancia de la Policía de Lima, para exigir información sobre su situación y demandar su libertad.
Desde el exterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación “por la incursión policial, desalojo y detenciones masivas en la Universidad de San Marcos” y pidió al Estado peruano “rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas”.
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