Romero sostuvo que la Policía actuó en forma autónoma ante una denuncia policial de la universidad, de que un grupo de desconocidos desalojaron a agentes de seguridad del centro docente, lo que constituye delito flagrante de usurpación.
El ministro sostuvo que se enteró por la televisión del allanamiento, encabezado por un carro blindado que hecho abajo la reja del principal ingreso y sostuvo que los abusos denunciados, que incluyen vejámenes a mujeres obligadas a desnudarse son de responsabilidad personal de los autores.
Entretanto, las críticas de amplios sectores a la operación persisten pese a que anoche fueron liberados por orden de la Fiscalía casi todos los 192 detenidos en el desalojo y está pendiente un hábeas corpus contra Romero y el jefe de la Policía, Raúl Alfaro.
El ministro “no sabe donde está parado” porque primero dijo que la universidad pidió la intervención, pero luego dice que fue por el delito flagrante de usurpación, comentó el jurista Carlos Rivera.
El escritor Marco Avilés difundió un video que muestra “lo más grotesco de la intervención” en San Marcos, según afirma, un vídeo en el que los policías se reparten los víveres donados a los manifestantes llegados del interior a protestar con el Gobierno y estaban alojados en el campus.
La socióloga Lucía Alvites, egresada de San Marcos, comentó que el ensañamiento con la universidad más antigua de América es histórico, pues las élites siempre la despreciaron y estigmatizaron porque forma a los hijos de campesinos y obreros.
La excandidata presidencial progresista Verónika Mendoza resaltó el carácter racista y “terruquero” (calificador de terrorista a quien proteste) del allanamiento y muestra un video en el que un policía dice: «Se cumplió, deteniendo a todos estos terroristas. Reventamos San Marcos”.
La congresista Ruth Luque se refiere a la responsabilidad de la rectora Ramón, a quien acusa de tolerar el pisoteo de la autonomía universitaria.
La Federación de Estudiantes de San Marcos exigió la renuncia o vacancia inmediata de la rectora por propiciar el abuso de autoridad y la violación de la autonomía.
La destitución fue exigida también por Manuel Burga, exrector del centro académico, quien criticó a Jerí Ramón por no seguir la tradición solidaria de la universidad.
La agrupación de profesores Acuerdo Institucional Sanmarquino, señaló que desde que los estudiantes acogieron a los marchistas provincianos, la rectora se pronunció por su retiro, denigrándolos, y “es directamente responsable de la brutal agresión contra nuestro campus universitario”.
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