El presidente del Consejo de Ministros, nombre oficial de su cargo, declaró en una audiencia a puerta cerrada, dentro de la indagación anunciada el 11 de enero por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la cual incluye en primer lugara la presidenta Dina Boluarte.
Las averiguaciones están referidas a las muertes de la primera oleada de protestas de diciembre pasado, cuando Otárola era ministro de Defensa, y al primer ministro de entonces, Pedro Angulo, quien era entonces primer ministro.
También son investigados en el mismo caso el ministro de Defensa, quien mantiene el cargo desde el primer gabinete ministerial de Boluarte, quien asumió el 7 de diciembre, y los exministros del Interior, César Cervantes y Víctor Rojas.
Cuando la fiscal Benavides notificó a los indagados de la investigación abierta, Otárola pareció sorprendido y anunció que el Gobierno colaborará plenamente con las pesquisas.
“Simplemente quisiéramos que también con la misma premura la Fiscalía de la Nación diga qué carpetas fiscales existen respecto a las personas que están destruyendo el Perú y destruyendo los aeropuertos”, dijo.
Planteó así la posición oficial de que los marchistas y quienes el Gobierno señala como violentistas y azuzadores son responsables de más de 50 muertes y de daños causados a aeropuertos instalaciones estatales, especialmente estaciones de Policía, juzgados y fiscalías.
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