Pobladores de esa zona colocaron en las redes sociales fotografías de un barco en el muelle del Puerto Rincón cuando recibía la carga, hecho que califican como «un saqueo al patrimonio de todos los panameños».
También comunicadores sociales de la provincia de Colón solicitaron a los oficiales del Servicio Nacional Aeronaval para que rindan un informe de estas irregularidades.
Agregaron que con este hecho, ya son seis las embarcaciones de carga que realizaron operaciones similares, enviando material al exterior de manera ilegal, y no se tiene contabilizado cuántas toneladas de cobre y oro se exportaron.
Por su parte, la ambientalista Raisa Banfield demandó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que intervenga la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, que viola la orden dada desde diciembre del pasado año de cese de operaciones comerciales.
En su cuenta personal en Twitter, Banfield se cuestionó porqué si no hay contrato, todavía están en negociaciones y no existe compromiso con pagos mínimos anuales, la compañía sigue exportando los minerales.
Este martes, los ministros de Comercio e Industria Federico Alfaro y de Ambiente Milcíades Concepción comparecieron ante la Asamblea Nacional (parlamento) y respondieron a preguntas de los diputados sobre las interioridades de las conversaciones en torno al convenio, aún sin firmar.
Alfaro reiteró que las partes se encuentran actualmente en un periodo de consultas y de comunicación constante, tratando de resolver las diferencias existentes para concretar la firma de un contrato que sea justo, aseveró.
Sostuvo que mientras tanto los tiempos administrativos de la resolución ministerial que estableció el proceso de cuido y mantenimiento de la mina, que fue impugnado por la empresa, están corriendo.
Informó además que si en su momento se fuera a avanzar al estatus de la firma de un contrato, en cumplimiento con las disposiciones legales vigentes, el Gobierno tiene previsto presentar el documento a una consulta pública y posteriormente al Legislativo para que lo sancione.
También voceros de organizaciones sociales calificaron de improcedente cualquier negociación que emprenda el Ejecutivo con la minera, cuyo contrato de concesión fue declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
Hace más de un mes que el Gobierno ordenó el cierre de las operaciones comerciales a Minera Panamá, para lo cual debió presentar un plan de cuido y mantenimiento de la planta procesadora de cobre, la mayor inversión privada en el país.
Sin embargo, la compañía hizo caso omiso a las directrices, asumiendo una conducta abiertamente de confrontación contra el orden público y el Estado de Derecho, señalaron.
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