En el allanamiento del 21 de enero último, de la Universidad Mayor de San Marcos, la robusta agente le exige que se calle y, cuando trata de incorporarse, se lo impide con fuerza a volver a mantenerse en el piso, boca abajo y le arrebata su teléfono móvil con violencia. Luego hace algo similar con otra mujer andina.
El testimonio visual causó gran impacto y la gravedad de lo mostrado llevó a la Policía a anunciar un proceso contra la agresora, identificada y puesta en evidencia por internautas.
El escritor y analista Marco Avilés señaló el hecho que, cuando una televisora mostraba el incidente tras las rejas de la verja de la entrada a San Marcos, violentada por un carro blindado de la Policía, el conductor ignoraba el abuso y preguntaba a la reportera si la reja había sido derribada por la Policía o dañada por los estudiantes o los provincianos andinos llegados a protestar contra el Gobierno.
La mujer, mediante un traductor, declaró después que ni ella ni su pueblo se dejaban amedrentar y continuará la lucha con más fuerza, por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y su reemplazo por un parlamentario de consenso, prontas elecciones generales adelantadas y un referendo simultáneo sobre la pertinencia de una asamblea constituyente.
Desde el inicio de las protestas, en diciembre pasado, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo y su reemplazo por la vicepresidenta Dina Boluarte, se sintió el racismo que impera sobre todo en la capital peruana.
Sobre las primeras muertes, que hasta hoy suman más de 50, el entonces primer ministro Pedro Angulo apuntó que los decesos se debían a que los manifestantes hablaban quechua, no entendían las órdenes policiales de detenerse y, azuzados por quienes los utilizaban continuaban avanzando sobre los policías, obviamente obligándolos a disparar.
Cuando se anunció la marcha sobre Lima, el ahora primer ministro Alberto Otárola anunció que el Gobierno no iba a permitir que Lima sufra una asonada por manifestantes azuzados y esta semana el ministro de Educación Óscar Becerra comparó a los manifestantes con balas y piedras lanzadas por torvos azuzadores.
Enfoques de ese tipo abundan en la prensa, posicionando la idea de que indígena es igual que terrorista, lo cual generó recelo, temor y desconfianza sobre todo en sectores medios y altos, niveles en los que el racismo es moneda corriente.
Avilés se refirió con humor a la actitud de esos sectores y escribió lo que podría decir un racista limeño: “No es una dictadura: el gobierno solo está masacrando cholos (mestizos andinos) y desconociendo sus derechos con el aplauso del Congreso y la certificación de la fiscalía”.
Por el contrario, un grupo de artistas populares andinos, varios de los cuales apoyaron la logística del traslado de los manifestantes andinos a Lima, denunciaron que “El racismo y discriminación son flagelos sociales que se han normalizado en diferentes esferas sociales”.
Agregaron en una declaración conjunta su condena a aquellos actos “que violan los derechos humanos, aquí y en cualquier parte del mundo. Somos hermanos de esta noble tierra, tratémonos así, sin hipocresías” y denunciaron que sus coterráneos son “maltratados y humillados por la policía”.
En el contexto del actual conflicto social, la Asociación indígena Chipapak aseveró: “Hemos visto siempre cómo los gobiernos de turno han atribuido carácter criminal a las protestas indígenas”.
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