Un breve anuncio precisó que las pesquisas consideran el presunto delito de omisión de actos funcionales, en agravio del Estado, debido a los hechos ocurridos en las instalaciones de esa universidad, allanada el sábado último en una aparatosa operación que usó un carro blindado y cientos de policías.
Romero sostuvo ayer que no ordenó la operación del 21 de enero y que esta la decidió la Policía y él solo se enteró de la misma por la televisión, por lo que recibe críticas de quienes consideran insólita la versión.
Romero es el tercer ministro del Interior del gobierno de la presidenta Dina Boluarte investigado por el Ministerio Público desde el inicio de la gestión de la mandataria, iniciada el 7 de diciembre, tras la destitución del presidente Pedro Castillo.
Sus fugaces antecesores, exoficiales de policía como Romero, César Cervantes y Víctor Rojas, están incluidos en una investigación a Boluarte y otros integrantes y exmiembros del Ejecutivo, por genocidio, homicidio, por muertes registradas en la represión de protestas, las cuales suman más de 50.
Las protestas, iniciadas en diciembre y que desde el 4 de enero viven su segunda oleada, exigen la renuncia de Boluarte, su reemplazo por un presidente transitorio, prontas elecciones generales adelantadas y un referendo simultáneo sobre la pertinencia de una asamblea constituyente.
La investigación anunciada no menciona las denuncias de maltratos, tocamientos indebidos y humillantes a mujeres detenidas y pillaje de víveres donados a manifestantes provincianos alojados en la universidad, contra la voluntad de las autoridades de esta, que sin embargo condenaron por ilegal la ocupación policial.
Al día siguiente del allanamieto fueron liberados sin cargos los 192 estudiantes y manifestantes opositores detenidos, excepto uno que tenía orden de detención por hechos anteriores, lo que es señalado por críticos de allanamiento como prueba de que este era injustificado.
El abogado Juan José Quispe, quien apoyó jurídicamente a los detenidos, declaró que el único objetivo del allanamiento, que invocó pretextos como el robo in fraganti de equipos de los vigilantes de San Marcos, fue en realidad humillar a los ocupantes para desmoralizarlos.
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