Gabriela Alcón, viceministra de Comunicación, confirmó que los detalles de esta labor fueron expuestos por autoridades gubernamentales a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desde este martes realiza una visita de trabajo al país altiplánico.
Alcón explicó a la prensa que el objetivo de este equipo es “hacer un seguimiento a las 36 recomendaciones (del GIEI), entre las cuales está justicia, reparación hacia las víctimas, atención e investigaciones”.
Insistió en que existen algunos temas ya cumplidos, en los cuales “tenemos un gran avance en lo que se refiere a las 36 recomendaciones y es importante que los vayamos dando a conocer”.
La delegación internacional llegó a Bolivia por una invitación del Gobierno del presidente, Luis Arce y hasta el jueves cumplirá un programa calificado de intenso.
Entre sus interlocutores sobresalen las organizaciones de familiares de las víctimas de las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, que dejaron como saldo 38 muertes.
Asimismo, los representantes de la CIDH estarán este miércoles en Sucre.
Como resultado de la visita, en el ejercicio de sus funciones, los expertos publicarán un informe sobre el estado de avance en el cumplimiento de las recomendaciones.
Figuran entre ellas la de investigar, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos de violencia registrados entre septiembre y diciembre de 2019, entre los cuales están las masacres de Sacaba y Senkata.
Sobre ese particular, Alcón reiteró que se investiga todo lo “ocurrido en ese periodo, porque ha desencadenado en masacres y en graves violaciones a los derechos humanos”.
Como parte de esas pesquisas fue detenido y traslado a La Paz el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022.
Camacho es uno de los principales acusados en el expediente Golpe de Estado I, que indaga sobre el complot que forzó la renuncia del expresidente Evo Morales, propició la imposición de un gobierno de facto y los crímenes cometidos posteriormente.
Lamentó Alcón que con el argumento de que es un “perseguido político” se intenta dejar en la “impunidad” a Camacho.
Concluyó la viceministra que la solución de este problema está en manos de la justicia, y “es jurídica, no política”.
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