“Esto está en apelación y tiene que haber elementos que cumpla el Tribunal Supremo de Justicia sobre la decisión de esa autoridad judicial (Marco Amaru)…porque tiene esta facultad de revisar si esta decisión es adecuada o no”, declaró Guillén a la prensa.
Tras una audiencia virtual de excepción de inhibitoria de cinco horas realizada la víspera en la ciudad de El Alto a pedido de víctimas de la masacre de Senkata, Amaru rechazó que el caso sea tramitado en la Asamblea Legislativa Plurinacional como juicio de responsabilidades, como exige la defensa.
Hace una semana, el Ministerio Publico determinó ampliar la investigación contra la exmandataria por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, en el caso de Senkata.
El 19 de noviembre de 2019 se registró esa acción represiva de fuerzas militares y policiales, que desembocaron en 10 muertos y decenas de heridos por armas de fuego.
La parte acusatoria expuso los argumentos para que el caso se resuelva por la vía ordinaria, mientras la defensa solicitó que se active un proceso de responsabilidades por la condición de Áñez de presidenta de facto, el cual tiene que ser aprobado con el voto de dos tercios en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, Amaru determinó que la exsenadora encare un proceso ordinario, que solo requiere de una acusación de la Fiscalía para proceder al juzgamiento en un tribunal de sentencia.
La semana anterior el ministro de Justicia Iván Lima declaró que los líderes de los partidos Comunidad Ciudadana y Creemos, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, respectivamente, bloquearon el juicio de responsabilidades para Áñez en el órgano legislativo.
Debido a esa actitud obstruccionista, fue necesario acudir a un juez de El Alto para dilucidar el futuro de este proceso.
Según la investigación preliminar el 19 de noviembre de 2019, policías y militares reprimieron a civiles en El Alto, donde se registraron 31 personas heridas por proyectiles de arma de fuego y 10 murieron baleadas.
El Ministerio Público, por su parte, amplió la imputación contra Áñez por la firma del Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden constitucional.
Por estos hechos, la exmandataria ahora es acusada por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano.
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