Lima aseguró que la aplicación de los resultados del cabildo cruceño es inconstitucional porque pretende asignar a la Asamblea Legislativa Departamental competencias que le corresponden a la Plurinacional en lo relativo a la selección de autoridades judiciales.
Durante el foro público no vinculante en Santa Cruz, el dirigente «cívico» Rómulo Calvo hizo aprobar la orden para que la brigada cruceña presente un proyecto de ley destinado a que las asambleas legislativas fepartamentales elijan ternas de candidatos a los cargos judiciales.
Los asistentes aprobaron, asimismo, adherirse a la campaña de recolección de firmas que busca nombrar a nueve “notables” con el objetivo de seleccionar ternas de aspirantes para que luego el órgano legislativo apruebe la lista de los candidatos a las elecciones judiciales.
“Buscar implementar estas decisiones por parte de la Asamblea Departamental afecta las bases esenciales del Estado y sólo puede ser resultado de una Asamblea Constituyente, que debe aprobarse por dos tercios de votos”, argumentó Lima en un mensaje en su cuenta en Twitter.
El cabildo cruceño también amenazó con un revocatorio de mandato del presidente Luis Arce, en caso de que no dé curso a una amnistía para quienes los «cívicos» denominan presos políticos, como el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, encarcelado con detención preventiva. La máxima autoridad ejecutiva cruceña fue arrestada el 28 de diciembre, trasladada al departamento de La Paz y encarcelada preventivamente en Chonchocoro en el expediente Golpe de Estado I, en el cual es investigado por terrorismo, cohecho activo y seducción de tropas durante la ruptura del orden constitucional en Bolivia.
Como resultado de ese complot en noviembre de 2019, fue impuesto un gobierno de facto, asesinadas 37 personas, cientos heridas y se registraron miles de violaciones de los derechos humanos en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento de la democracia.
Para el portavoz presidencial, Jorge Richter, “lo que verdaderamente persiguen como acción política, y esto es abreviar el mandato del presidente, Luis Arce, para ver si de esa forma encuentran algo que le llaman ‘amnistía’, pero que en realidad es impunidad”.
Desde el Gobierno, se descartó dar curso a esta exigencia, porque sería ir en contra de las víctimas y de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que indagó los hechos de violencia y muerte en el golpe de 2019.
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