Un cambio en los informes oficiales sobre los motivos del deceso de Víctor Santiesteban, herido de muerte anoche en el centro de Lima, generó extrañeza, críticas y demandas de una investigación, que el Ministerio del Interior aseguró que la propia Policía realiza en coordinación con la Fiscalía.
En un primer momento se informó extraoficialmente que Santisteban fue víctima de una bala en la cabeza, lo que descartó el presidente del organismo de seguridad social (Essalud) Arturo Orellana, quien añadió que el muerto sufrió “una herida contuso-cortante”, detrás de la oreja y producto de un golpe”.
Previamente, el Ministerio del Interior y Essalud, en sendos comunicados, informaron que Santiesteban sufrió un “traumatismo encéfalo craneano grave”, concepto que poco después cambiaron por el de “herida contuso-cortante” detrás de la oreja y que es de menor gravedad. El occiso sufrió inclusive derrame de la masa encefálica.
El jefe de una brigada médica que actúa en todo tipo de emergencias, Antonio Quispe, señaló que en un video difundido por el portal periodístico Wayka, “claramente se ve el disparo de una bomba lacrimógena a corta distancia a la cabeza de Víctor”.
La congresista Ruth Luque comentó que las contradicciones generan desconfianza y agregó que las actuaciones de la Fiscalía, la necropsia y otros elementos “deben asegurar verdad y justicia”.
La parlamentaria Silvana Robles responsabilizó de la tragedia a la presidenta Dina Boluarte, a quien preguntó públicamente: “¿Cuánto más necesita desangrar al pueblo para renunciar, señora Boluarte? ¿Ahora que sucedió en Lima, se conmoverá?”.
Aludió así a la demanda de las protestas, de que Boluarte deje el cargo y a que la muerte de anoche elevó a 47 el número de víctimas civiles en la ola de protestas, iniciada en diciembre pasado.
De otro lado, un juzgado de la sureña región de Ica dispuso la detención por cuatro meses de siete acusados de dirigir los bloqueos de carreteras en ese territorio.
La Policía los acusa de entorpecer el funcionamiento de servicios públicos, atentar contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios y otros cargos por los que pueden ser condenados hasta siete años de cárcel.
En otro caso, la Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva para Rocío Leandro, presidenta del Frente de Defensa de la región surandina de Ayacucho, uno de los escenarios de mayores protestas, y otros seis dirigentes de la agrupación, que participan en las manifestaciones contra el Gobierno.
Los siete son acusados de atentar contra la tranquilidad pública y por supuesta pertenencia a una organización terrorista, en tanto Leandro cumplió prisión por actividades como integrante del grupo armado Sendero Luminoso.
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