En una misiva enviada al ocupante del Despacho Oval, citada por el sitio Common Dreams, los congresistas condenaron la violencia indiscriminada y el uso constante de fuerza excesiva por los cuerpos de seguridad peruanos, y solicitaron a la administración norteña denunciar públicamente estas continuas violaciones de derechos humanos.
Los representantes revelaron asimismo su preocupación por la reciente reunión del embajador de Estados Unidos en Lima con el ministro de Defensa de la nación sudamericana, y por el anuncio de ocho millones de dólares para financiar el programa Corah, cuyo supuesto fin es erradicar los cultivos de coca, pero que incluye fondos para las fuerzas involucradas en los ataques contra la ciudadanía.
“Instamos a su administración a suspender de inmediato la asistencia de seguridad de Estados Unidos a Perú, -estimada en decenas de millones de dólares anuales-, hasta que termine la represión violenta de las protestas y las autoridades del país tomen medidas para investigar los crímenes contra los derechos humanos y procesar a los responsables”, demandaron los legisladores.
En la misiva, los demócratas expresaron su consternación debido a que Washington otorgó legitimidad al Gobierno de la mandataria no electa Dina Boluarte, a medida que retroceden en el país las libertades básicas y se mata a los manifestantes.
Menos de dos semanas después del arresto del presidente legítimamente electo, Pedro Castillo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvo una llamada con Boluarte, en la cual aseguró que espera trabajar con ella «en objetivos y valores compartidos relacionados con la democracia, los derechos humanos, la seguridad, la lucha contra la corrupción y prosperidad económica», denunciaron.
También señalaron el apoyo expresado por la administración Biden a la «paz en todos los lados», un mensaje que los miembros del Congreso calificaron de ambiguo ante las violaciones masivas de derechos humanos ocurridas en ese país sudamericano.
“El gobierno de Estados Unidos puede y debe hacer más. Creemos que nuestras acciones propuestas enviarían una poderosa señal en apoyo de los derechos fundamentales y ayudarían a promover un compromiso efectivo para una resolución política», escribieron los legisladores.
Perú vive desde hace varias semanas una fuerte convulsión política, desatada después de que el presidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso, el pasado 7 de diciembre, y posteriormente arrestado.
Según un informe difundido recientemente por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de esa nación, la brutalidad es la respuesta oficial a las protestas contra Dina Boluarte.
El documento afirmó que se han perpetrado masacres en tres ciudades del sur del país, así como “ejecuciones extrajudiciales” en otras poblaciones, cuando el número de víctimas roza el medio centenar.
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