Este plan propone que todas las personas en Colombia vivan en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado del ambiente como la casa común.
Fue construido, señala, de manera colectiva sobre la base de la experiencia y la sabiduría acumuladas a través de siglos por las distintas sociedades que conforman la nacionalidad colombiana.
«Su objetivo más importante es fortalecer la democracia; asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos desde la oportunidad de participaren el diseño, ejecución, evaluación y cambio de las decisiones que harán sabrosa su existencia»,añade un borrador de la iniciativa de ley.
El Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) busca que todos sientan la protección de la sociedad en su conjunto y experimenten la posibilidad de ampliar los márgenes de libertad para decidir su vida, en medio del respeto por los derechos de todos los demás.
Asimismo, en la conciencia de sus obligaciones para con la sociedad y la tierra que los acoge y que los cuida.
Pretende que los trabajadores, de forma independiente de su condición sexual, etaria, del color de su piel, de sus ideas, puedan sentir el placer del trabajo como el camino de la dignidad y que los empresarios y productores, hombres y mujeres, encuentren en la ganancia justa y en la redistribución de los beneficios su propia satisfacción y felicidad.
«En esta transición hacia la paz, basada en el fortalecimiento de la democracia, el PND 2022-2026 pone sus mayores énfasis en la disminución de las desigualdades y en la Introducción de la superación de las injusticias que les son propias, por lo que la redistribución de los recursos prioriza a los sectores de la sociedad y a las regiones que producen la riqueza pero no se han beneficiado con ella», subraya.
Entre otros aspectos, el proyecto puntualiza que la estructura del PND busca romper con los mecanismos tradicionales que convierten a la pobreza en condena, enfrenta la exclusión y la segregación.
En tal sentido delinea políticas para llevar recursos a las instituciones que forman ciudadanos desde la primera infancia, a las madres, a la escuela, la educación superior, la investigación y la ciencia, la creatividad y el desarrollo de las culturas.
También, a los servicios públicos concebidos como derechos, cuyo goce debe ser universal y no como mercancías de acceso restringido.
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