El presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que la historia republicana del país ha sido un baño de sangre de compatriotas, de mujeres, de hombres, niños y jóvenes.
«Nos hemos matado unos a otros», enfatizó el congresista en la apertura del homenaje, donde participaron sobrevivientes del exterminio sistemático que vivió la UP.
Barreras, dirigiéndose a los sobrevivientes del genocidio, afirmó que vencieron y, además, hoy son parte del Gobierno.
«Todos tenemos la responsabilidad de que esto no se repita y tenemos la responsabilidad de que la mejor reparación posible sea la construcción de esa Colombia justa en la que la paz total sea una posibilidad», recalcó.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, reconoció que el Estado participó y cometió ese genocidio político.
La senadora del Pacto Histórico y presidenta de Unión Patriótica, Aída Avella, señaló que el ataque generalizado y sistemático contra ese movimiento político «no se limitó a la realización material, también atacaron ideológica y simbólicamente».
Intentaron acabar con todo tipo de relaciones sociales, familiares y políticas empleando el terror, enfatizó Avella ante el Congreso en pleno.
«Nos preguntamos ¿Por qué asesinaron candidatos presidenciales, diputados, alcaldes, concejales, sindicalistas, amas de casa, militantes y simpatizantes? Porque éramos una opción de Poder. Los principales responsables: una élite incapaz de comprender los cambios necesarios», remarcó.
La CIDH responsabilizó al Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas contra más de seis mil integrantes y militantes de la UP desde 1984 y por más de 20 años.
Recordó que la UP se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985, como resultado de un proceso de Paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno nacional.
Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales para contrarrestar la subida en la arena política de la UP.
Aseguró que pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de esa fuerza política se extendió en casi todo el territorio colombiano y tuvo lugar a través de desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas y desplazamientos forzados, entre otros.
Esos actos constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra ese partido político, sus miembros y militantes, con la participación de agentes estatales y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad, enfatizó la CIDH.
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