Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe de Prensa Latina en Panamá
Y lo describe sencillo: la vigencia legal del pacto sucumbió el 22 de diciembre de 2021, cuando poco más de tres años después, en Gaceta Oficial se publicaba el fallo de la Corte Suprema de Justicia (2017), que declaraba inconstitucional la ley que aprobó ese convenio.
De otra parte, es bien claro cuando asevera que la Constitución exige que contratos de esta naturaleza necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional (parlamento).
Una de las razones en que se basa la filial de la trasnacional canadiense First Quantum para señalar que el contrato existe es que este fue renovado por las partes, lo cual derivó en un texto que daría como resultado otro convenio distinto.
Ese argumento, según Bolívar, carece de justificación racional y jurídica, pues el trámite de renovación no produce uno nuevo.
Y apunta que la renovación de un documento de ese tipo constitucionalmente inexistente no puede ser resucitado como defiende Minera Panamá.
RECHAZO SOCIAL
El contrato y las operaciones ilegales de Minera Panamá han recibido en los últimos días el más contundente rechazo de organizaciones de la sociedad civil panameña, pese a que el Ejecutivo insiste en que la compañía acepte las condiciones de un contrato de supuestos beneficios al Estado.
En un comunicado entregado a Prensa Latina, los colectivos señalan que causarán daños al entorno los métodos sensibles para minería a cielo abierto en el proyecto de extracción de cobre en la oriental provincia de Colón .
Esas agrupaciones denunciaron la destrucción de centenares de hectáreas de bosque tropical y que en todos estos años se cometieron más de 200 infracciones ambientales, sin embargo, más del 50 por ciento del territorio nacional está abierto a concesiones de exploración y explotación.
De otra parte, denuncian que desde que inició operaciones esa empresa, se viola la Constitución y las leyes del país que prohíben acciones foráneas como en este caso lo es de China, Singapur y Corea del Sur.
Minera Panamá viola además el Código de Trabajo cuando despidió a lideres sindicales durante la Covid-19 y se negó a acatar fallos de los tribunales que exigen su reingreso, señalan las organizaciones.
También denuncian que al enclave minero no pueden acceder las autoridades gubernamentales sin autorización de sus gerentes, como si se tratara de un país extranjero o de la desaparecida Zona del Canal de Panamá, agregan.
La actual administración de Laurentino Cortizo, según esas agrupaciones, como si no pasara nada ordenó el cese de las operaciones comerciales a la subsidiaria de First Quantum, hasta que sus dirigentes firmen otro contrato mediante el cual se garantizarían ingresos anuales de 375 millones de dólares por regalías.
NUEVAS DENUNCIAS
El litigio con Minera Panamá se agravó este mes cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) denunció ante la Procuraduría al actual ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, y su antecesor, Ramón Martínez, por incumplir sus deberes.
Según la abogada María Gabriela Dutari, del CIAM, los funcionarios deberán responder por delitos contra la administración pública, abuso de autoridad y peculado en el caso de la filial de la trasnacional First Quantum, que extrae minerales bajo un contrato de concesión declarado institucional en 2017.
Dutari aseveró que en una reciente comparecencia de Alfaro ante el Legislativo evidenció que se ha retrasado la implementación del fallo de la Corte respecto al caso de Minera Panamá, con el pretexto de negociar y lograr un nuevo contrato, lo cual viola el papel como servidor público.
Para los negociadores del texto, dentro del Ejecutivo existen profundas diferencias en la parte administrativa, económica y en los temas de incumplimiento material sustancial, así como el impuesto que deben pagar los proveedores y el ingreso mínimo garantizado por las peticiones en créditos fiscales que está haciendo la mina.
Una vez superadas las diferencias entre las partes, el documento requiere de otros trámites para su entrada en vigencia.
El primero es que el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), representante del gobierno ante la minera, debe someter el contrato a una audiencia pública por un periodo de 30 días y posteriormente requerirá de la aprobación o rechazo del texto en el Legislativo.
CIERREN LOS PUERTOS
Sin embargo, la Autoridad Marítima de Panamá fue más allá y ordenó a la empresa suspender operaciones de carga en el Puerto Internacional Punta Rincón, de Colón.
De acuerdo con el dictamen, la compañía deberá presentar la certificación de la calibración de las balanzas y pesas, lo que se viola actualmente.
Esa medida responde al propósito de hacer cumplir los convenios internacionales suscritos por las autoridades panameñas con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar y evitar catástrofes de contaminación en las aguas jurisdiccionales.
Según la AMP, la orden se realiza en virtud de dos hallazgos en 2017 y 2020, cuando la empresa no aportó las evidencias de la calibración de las pesas y balanzas utilizadas para medir la carga a transportar minerales.
La Resolución sustenta que, con el objeto de preservar la integridad de las naves, es de suma importancia mantener los equipos en buen estado, calibrados, certificados en cumplimiento de la normativa nacional.
El pasado 24 de enero, vecinos de Punta Rincón, denunciaron exportaciones ilegales de la empresa Minera Panamá.
Pobladores de esa zona colocaron en las redes sociales fotografías de un barco en el muelle cuando recibía la carga, hecho que califican como «un saqueo al patrimonio de todos los panameños».
Mientras comunicadores sociales de la provincia de Colón solicitaron a los oficiales del Servicio Nacional Aeronaval para que rindan un informe de esas irregularidades.
Agregaron que son seis las embarcaciones de carga involucradas en operaciones similares, con envíos ilegales de material al exterior y no se tiene contabilizado cuántas toneladas de cobre y oro se exportaron.
Al respecto la ambientalista Raisa Banfield demandó la intervención del presidente Cortizo para detener las violaciones de la filial de la trasnacional canadiense First Quantum en relación con la orden dada desde diciembre de 2021 de cese de operaciones comerciales.
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