Al responder a una pregunta formulada por el diputado de Naparima Rodney Charles en la Cámara de Representantes, la autoridad descartó negociaciones en ningún intento de mediar en un pacto mediante el uso de contratos del Estado.
«Esta no es la política del Ejecutivo ni de Trinidad y Tobago y no ha ocurrido», remarcó, y afirmó que la administración actual era consciente de la situación de la delincuencia.
El ministro particularizó ante los legisladores en la cuestión de los delitos violentos graves, impulsados principalmente por la actividad de las bandas.
Elegimos como el mejor enfoque, a través de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, reducir sus actividades y poner en práctica varias otras estrategias para mitigar y aplazar las actividades de las pandillas, enfatizó.
El área de inteligencia de esta nación advirtió desde el año pasado al Gobierno de un aumento en los delitos violentos, dado que las pandillas se dividieron y recuperaron de los efectos de la pandemia de la Covid-19.
En 2022 Trinidad y Tobago registró una nueva ola de delitos con el consecuente alza de asesinatos, lesiones, abaleos y otros crímenes violentos.
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