Entrevistado por Prensa Latina, el abogado se refirió al anuncio de acciones contra los padres que lleven a sus hijos a las marchas, la prohibición de manifestaciones en el centro histórico de Lima y el pago de cuatro sueldos como bono extra a los policías por su actuación contra las movilizaciones en la capital.
Además, el ministro de Educación, Óscar Becerra, exhortó al Ministerio Público que denuncie a quienes marchan con su hijos, por el delito de exposición de niños al peligro, lo cual, según la legislación peruana, puede sancionarse con la pérdida de la tutela paterna y el internamiento de los menores en albergues.
Además, el Gobierno anunció el pago de cuatro sueldos mensuales extra a los policías que actuaron en el control de las manifestaciones opositoras en Lima, donde se realizan casi a diario desde que el 19 de enero llegaron grupos de marchistas del interior que se mantienen en protesta desde el 7 de diciembre último.
Para Rivera, las dos primeras medidas mencionadas son “abiertamente anticonstitucionales”, pues atentan contra el derecho a la participación política.
Crear una sanción para un padre que lleve a su hijo a una movilización, no solo es una acción violatoria del derecho a la formación paterna, sino también del derecho a la participación política, que no solamente rige para los mayores de 18 años (edad requerida para el sufragio), porque una cosa es votar y otra participar en política, dijo.
Sobre el acuerdo del Concejo Provincial de Lima, de mayoría de derecha extrema, de prohibir las marchas que presumiblemente atenten contra la seguridad o sean violentas, Rivera dijo que el municipio de la capital no tiene ninguna atribución legal para impedir el ejercicio de derechos constitucionales.
“Una cosa es combatir el vandalismo y otra cosa es decir que ninguna manifestación ingrese al centro de Lima porque se parte de una premisa totalmente ilegal de que todos son vándalos y subversivos y por lo tanto no hay que dejarlos entrar al centro histórico; eso es algo además aberrante”, puntualizó.
Sobre el argumento del Concejo Municipal limeño, de que el Tribunal Constitucional estableció años atrás que ningún derecho es absoluto, el jurista precisó que eso es cierto, pero, en el mismo dictamen, señaló que cualquier medida que restrinja derechos tiene que ser proporcional y racional.
Añadió que un dictámen del tribunal tiene que ponderar obligatoriamente los derechos sobre los cuales se pretende aplicar la restricción.
“Y aquí están en juego el supuesto derecho de la ciudad ¿a su integridad, a que permanezca bella y sin ruidos?, y el derecho a la participación política y a mí me parece que este es el más importante”, aseveró Rivera.
También el experto se pronunció sobre el anuncio del primer ministro Alberto Otárola, de un bono de cuatro sueldos extra para los policías que actúan contra las protestas en Lima, el cual, según el ministro de Economía, Álex Contreras, afirmó que se trata en realidad del pago de una deuda.
“Yo creo que el Gobierno simplemente está comprando a la Policía, está utilizando de la manera más tergiversada a la fuerza pública, se está pretendiendo someter económicamente a la Policía”, subrayó.
Apuntó que el pago extra se anuncia no por hechos sobresalientes, sino cuando la Policía tienen que rendir cuentas por la mayoría de las personas asesinadas durante las manifestaciones.
Desde el inicio de las protestas, han muerto 48 peruanos, entre los cuales solamente uno falleció en Lima, un policía fue asesinado y 11 civiles murieron en accidentes y otras circunstancias vinculadas a las demostraciones opositoras.
“Hay un profundo desprecio por los derechos fundamentales de la gente, especialmente el derecho a la vida y a la integridad y se está manipulando de la manera más grosera y más grosera posible a la institución policial”, afirmó el letrado.
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