Esa es la exigencia al Ministerio Público de la Asociación de Víctimas del crimen que como saldo dejó 10 muertes y 60 heridos en la urbe alteña el 19 de noviembre de 2019, al amparo del Decreto Supremo (DS) 4078, también conocido como “de la Muerte”.
La normativa exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares en la represión contra quienes defendían en protestas el orden constitucional.
“Se le pedirá (a la Fiscalía) que investigue a la jerarquía de la Iglesia católica en calidad de autor mediato, no como autor intelectual, material, cómplice o encubridor, sino como autor mediato”, aseguró el activista de derechos humanos y representante de las víctimas y sus familiares, David Inca.
Argumentó el portavoz de los damnificados que integrantes de la Conferencia Episcopal participaron en reuniones “donde se ha decidido la vida o la muerte de ciudadanos, de hermanos en Cristo”.
Según Inca en entrevista a Wara Tv, esos jerarcas religiosos no solo propiciaron las negociaciones “extra legislativas” para que Jeanine Áñez asumiera la presidencia de Bolivia al frente de un gobierno de facto, sino que actuaron en contra de la “Gaudium et Spes” o Constitución Pastoral.
Añadió que en ella se recogen las palabras del apóstol Pablo, quien sentenció: “el peor pecado es aquel acto en el cual se utiliza la ley para hacer un acto de injusticia”.
Insistió en que los obispos implicados utilizaron la legislación para justificar que el gobierno de facto violara algo fundamental de los 10 mandamientos: “no matarás”.
Comentó que respaldaron al régimen de Áñez, el cual emitió el Decreto de la Muerte, cuyo contenido esencial va en contra de la doctrina social de la iglesia, al expresar: “puedes matar”.
El 14 de noviembre de 2019, Áñez y su gabinete rubricaron la normativa 4078, que autorizaba asesinar impunemente a los represores en las acciones operativas contra quienes reclamaban el retorno de la democracia.
Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes investigaron la violencia y muertes antes, durante y después de la asonada golpista del 10 de noviembre de 2019, consideró en un informe que el decreto 4078 fue motivo de preocupación en organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
El texto precisó que el 28 de noviembre de 2019 se derogó el DS, sin embargo, para entonces ya las masacres estaban consumadas con más de una veintena de muertos a balazos, cientos de heridos y de detenidos, sin que los jerarcas del clero emitieran ningún pronunciamiento condenatorio.
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