La disposición regirá durante 180 días y la zona vetada para esas actividades abarca 10,32 kilómetros cuadrados y la convicción general es que la medida va dirigida contra las manifestaciones políticas y sociales que históricamente se han realizado en esa zona.
El alcalde de la ciudad, Rafael López Aliaga, considerado de derecha extrema, afirmó sin embargo que el objetivo es proteger la zona, por ser patrimonio cultural de la humanidad declarado por las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco).
El Acuerdo del Concejo Provincial de Lima declara Zona Intangible el Centro Histórico de la capital y proscribe las concentraciones de todo tipo, para proteger el área monumental, según el municipio dañada durante las protestas de las últimas semanas.
Añade que para cumplir la norma el municipio limeño contará con el apoyo del Ministerio del Interior, la Policía y otras instancias.
El acuerdo, antes de su aprobación, era planteado como veto a movilizaciones políticas que afecten la seguridad o sean violentas, pero el teniente alcalde (vicealcalde), Renzo Reggiardo, dijo que no se permitirá ninguna marcha ni concentración de ningún tipo.
La decisión generó polémica por afectar el derecho de reunión y de expresión mediante marchas o manifestaciones, pero la municipalidad alega que ningún derecho es absoluto.
Hace unos años, una ordenanza municipal similar fue anulada por el Tribunal Constitucional, por lo que el conocido jurista Carlos Rivera, dijo que no se debe descartar que la nueva medida sea impugnada ante esa corte.
Rivera señaló que eventuales restricciones tendrían que ser plenamente fundamentadas y sopesadas con los derechos que afecten y en este caso, opinó, los de reunión y expresión son más importantes que la protección del Centro Histórico.
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