De acuerdo con el registro, la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, que enfrenta diferencias con el Gobierno por la firma de un contrato, tuvo utilidades en 2021 ascendentes a mil 449 millones de dólares.
Mientras, la minera canadiense, que reportó ventas globales por siete mil 626 millones de dólares, de las cuales 38,8 por ciento (dos mil 259 millones de dólares) fueron aportadas por el proyecto ubicado en las montañas de Donoso, provincia de Colón, dijo que la caída en la ganancia de la mina en Panamá fue producto de un incremento en los gastos operativos y por un menor precio del cobre en los mercados internacionales.
En ese sentido, producto de la caída en la ganancia bruta de Cobre Panamá, la minera canadiense calculó el pago de regalías al Estado en 57 millones de dólares, cifra inferior a los 61 millones de dólares pagados en 2021.
El Gobierno ha señalado que no recibirá el pago de regalías hasta que la empresa firme el nuevo acuerdo, basado en los términos que alcanzaron en enero de 2022, donde se estableció un pago mínimo anual de 375 millones de dólares.
Ese pago sería compuesto por regalías calculadas en base a las ganancias que podrían oscilar entre el 12 y 16 por ciento más el pago de impuestos.
Los 57 millones de dólares en regalías se estimaron sobre el 2,0 por ciento de las ventas brutas, tal como está establecido en el contrato firmado en 1997 y que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017.
Sobre el tema, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, comunicó la víspera que de los 20 puntos que faltaban por resolver, solo quedan dos pendientes, en particular definir la aplicación del agotamiento de reserva y la forma cómo el Estado puede terminar ese contrato, mediante un incumplimiento sustancial.
El funcionario dijo que espera que de forma razonable la empresa entienda que el Estado debe proteger los intereses nacionales y que se busca un acuerdo justo.
Otros expertos alertaron que los arbitrajes comerciales internacionales pueden significar para la empresa y el país un proceso costoso, extenso y lleno de obstáculos que termina por dejar a los proyectos y obras por las que se litigan en el abandono total.
Por su parte, la ambientalista Raisa Banfield demandó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que intervenga la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, que viola la orden dada desde diciembre del pasado año de cese de operaciones comerciales.
Voceros de organizaciones sociales calificaron de improcedente cualquier negociación que emprenda el Ejecutivo con la minera, cuyo contrato de concesión fue declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
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