En un breve comunicado y en medio de expresiones de rechazo, la agrupación renunció a la propuesta hecha ayer por sus representantes a la presidenta Dina Boluarte, en el marco de un diálogo sobre la grave crisis política y social vigente y sus repercusiones en el exterior.
La retractación se debe, segú el texto, a que una amnistía a priori significaría reconocer que policías y militares tienen responsabilidad en las 48 muertes de civiles, registradas durante las manifestaciones que desde el 7 de diciembre último demandan la renuncia de la jefa de Estado que asumió ese día.
Agrega que solo una investigación previa determinará quiénes fueron los presuntos autores de las muertes para que el Poder Judicial determine si son culpables.
La iniciativa planteaba proteger a los policías y militares como una especie de reconocimiento porque, según Avanza País, defendieron la democracia, sin tener en cuenta indagaciones iniciales que vertificaron los decesos de civiles inermes, que no amenazaban a los uniformados.
Una eventual amnistía mereció rechazo desde todas las tendencias políticas por favorecer la impunidad, y juristas señalaron que la legitimidad internacional prohíbe medidas de ese tipo para crímenes de Estado, por lo que son legalmente inviables.
La presidenta Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola son investigados por el Ministerio Público por genocidio y homicidio agravado, junto a exministros.
Paralelamente decenas de oficiales y soldados enfrentan otra pesquisa por muertes de civiles en la región surandina de Ayacucho.
Otárola declaró hoy que ni la mandataria, ni ministro alguno, tienen mando sobre las operaciones militares y policiales que se desarrollan conforme a protocolos establecidos.
Mientras, el ministro de Defensa Jorge Chávez aseguró que las violaciones legales son de responsabilidad individual.
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