“El responsable político de toda esta asonada, incluidos los fallecidos, creo yo, está en (el penal de) Barbadillo en este momento, hay que tratar de identificar bien el contexto, los actores y los hechos”, dijo sobre los cargos por los que se le investiga, aludiendo al nombre del presidio que aloja al exmandatario.
Planteó también que el expresidente intentaría recuperar su libertad y hasta retomar la presidencia, apelando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que pidió al Parlamento que apure una acusación contra Castillo por corrupción, aprobada horas después, porque en ese tipo de casos no actúa la CIDH.
Otárola sostuvo que Castillo utilizaría en ese foro, al que está adscrito el Estado peruano, el antecedente del actual presidente colombiano, Gustavo Petro, quien fue destituido como alcalde de Bogotá y recuperó el cargo en virtud de un fallo de la CIDH.
Defensores de Castillo y juristas sostienen que la destitución del primero no es válida porque no siguió el procedimiento constitucional establecido, el cual fue obviado por el Congreso de mayoría opositora, con el argumento de que, al anunciar la disolución del Parlamento, incurrió en delito flagrante.
Sobre la investigación que afronta por presunto delito de genocidio y homicidio agravado, que además incluye a la presidenta Dina y a exministros y exjefes policiales de la administración de Boluarte, iniciada el 7 de diciembre, cuando Castillo fue destituido por intentar disolver el Congreso opositor, negó que la mandataria tenga responsabilidad en las consecuencias de las operaciones contra las protestas, que registraron 48 muertes de civiles.
Tampoco los ministros de Defensa (cargo que ocupaba cuando se produjeron las primeras muertes) e Interior, comprendidos en las indagaciones.
“No tienen mando sobre los operativos militares y policiales y eso está claro en la legislación”, dijo, y confirmó la versión oficial de que los uniformados cumplen sus misiones conforme a sus protocolos y los excesos e ilegalidades son de responsabilidad individual.
Sobre las protestas, Otárola dijo que “sectores violentistas”, como calificó a manifestantes que exigen la renuncia de Boluarte, querían tomar el poder por la fuerza, sin lograrlo, y que el Gobierno “ha conseguido una relativa paz y estabilidad.
Destacó la ronda de diálogos con líderes de los partidos políticos que, indicó, trató sobre la posibilidad de un adelanto electoral -considerado posible salida a la crisis política y social- y sobre la “arbitraria narrativa” sobre Perú en algunos países, referencia críticas y preocupaciones sobre la situación de este.
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