En carta enviada a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la filial de la trasnacional canadiense First Quantum señaló que se trata de una suspensión inminente, debido a la restricción de carga de concentrado de cobre en el puerto internacional de Punta Rincón, en la caribeña provincia de Colón.
Minera Panamá informó que han tratado de crear espacio de almacenamiento adicional, pero que sin la opción de cargar y enviar el material, se les ha reducido esta capacidad de guardar el producto.
Lo que para algunas organizaciones ambientalistas y sociales es una medida de presión, el más reciente ultimátum insiste en que se permita reanudar las operaciones de carga, tomando en cuenta que la resolución que lo prohíbe se ha cumplido y que además se han presentado los recursos respectivos que suspenden sus efectos legales.
“Si se nos permite cargar el buque, dice el mensaje, habría capacidad de almacenamiento para continuar operaciones durante, aproximadamente, 15 días mientras se encuentran las reuniones con el Gobierno en relación con un controversial contrato de concesión, aún sin firmar.
Por otro lado, la AMP tampoco ha tomado una decisión sobre los recursos presentados por la compañía para levantar la restricción de operación del puerto de Punta Rincón.
El pasado 13 de febrero, Cobre Panamá presentó su último informe a la AMP, para demostrar que el proceso de certificación de la calibración de las balanzas por parte de una empresa acreditada ha sido iniciado, pero aún sin respuesta, indica ese texto.
Sin embargo, la entidad pública dijo en su dictamen que la indicación de suspender operaciones portuarias responde al propósito de hacer cumplir los convenios internacionales suscritos por el país centroamericano, cuyo fin es salvaguardar la vida humana en el mar y evitar catástrofes de contaminación en las aguas jurisdiccionales.
Por su parte, la ambientalista Raisa Banfield demandó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que intervenga la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, que viola la orden dada desde diciembre del pasado año de cese de operaciones comerciales.
Mientras voceros de alianzas populares calificaron de improcedente cualquier negociación que emprenda el Ejecutivo con la minera, cuyo contrato de concesión fue declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
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