El letrado, Carlos Hinostroza, presentó el recurso ante la Corte Superior de Lima, a fin de que cese la declaración de esa zona urbana como intangible por la municipalidad ante las protestas sociales que demandan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
La demanda señala que la medida restrictiva, que prohíbe marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas, al vulnerar los derechos constitucionales como el libre tránsito, la libertad de manifestarse y la democracia misma.
Hinostroza argumenta que el municipio utiliza con mala intención para fundamentar de manera arbitraria e inconstitucional una norma que “vulnera y viola derechos, discrimina y causa desigualdades.
La prohibición y restricción total de las marchas en el centro histórico limeño, solo muestra que “estamos en una dictadura o en una democracia que está agonizando y muriendo”, sostiene Hinostroza en el recurso presentado.
En vez de dictar una norma anticonstitucional, sostiene, la municipalidad debió dialogar con las organizaciones sociales, habilitar vías alternas, cordones de seguridad para proteger a manifestaciones, así como invocar la prevención y seguridad de las instituciones públicas y privadas.
Al señalar que el gobierno también dispone medidas restrictivas pero limitadas a situaciones de emergencia y no por tiempo indefinido, sino durante lapsos específicos.
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