Según Ayala, actualmente uno de los abogados del exmandatario, la apelación fue presentada ante la demora del Poder Judicial en fallar sobre un recurso de amparo en similar sentido, planteado por el exgobernante y anunció que “en los próximos días habrá novedades”.
El letrado cuestionó hace unos días la legalidad de la vacancia (destitución) parlamentaria, aprobada en forma sumaria por el Parlamento el 7 de diciembre último, alegando que Castillo incurrió en delito flagrante de rebelión, al dar un golpe de Estado con el anuncio de la disolución del Parlamento, lo cual no fue efectivo.
Eugenio Zaffaroni, exjuez de la CIDH que recientemente asumió la defensa de Castillo, declaró la semana pasada que el expresidente no puede ser acusado de rebelión porque esto requiere de alzarse en armas, lo cual no hizo.
Solo dio órdenes que nadie acató, recordó el jurista argentino, quien precisó que las Fuerzas Armadas y la Policía rechazaron la decisión del entonces mandatario y su propia escolta lo detuvo.
Esa misma tarde el Congreso lo destituyó y un juez ordenó su detención preliminar, posteriormente ampliada a 180 días, acotó.
Preguntado al respecto, el jefe del partido centro-derechista Alianza para el Progreso, César Acuña, expresó que Castillo como ciudadano tiene derecho a apelar a la CIDH y agregó que la población evaluará esa acción.
El exministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Castillo, Roberto Sánchez, anotó que “el debido proceso en lo constitucional y penal es una prerrogativa de cualquier ciudadano”.
“Y como se constatará en el fuero internacional, ese derecho no se ha respetado en el caso del expresidente Pedro Castillo; la justicia imparcial y no el odio es lo que debe prevalecer”, apuntó.
El primer ministro Alberto Otárola declaró el 17 de febrero que el exgobernante estaría próximo a pedir a la CIDH que le conceda su libertad y retornar a la presidencia, ante lo cual pidió que el Parlamento y el sistema de Justicia apuren un proceso contra Castillo por posible corrupción, tema en el cual la justicia externa no intervendría.
Ese mismo día, el Parlamento aprobó la acusación contra Castillo por organización criminal, tráfico de influencias y colusión, en tanto este martes la Fiscalía anunció el inicio de la investigación preparatoria, previa a la acusación judicial.
Otárola añadió que para cumplir su objetivo, Castillo utilizaría un dictamen de la CIDH, que en una situación similar falló contra la destitución del hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, como alcalde de Bogotá en abril de 2014.
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