De acuerdo con el informe de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), la reciente reglamentación de una ley en esa esfera da cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París.
Países como Colombia y Costa Rica tienen leyes integrales de movilidad eléctrica vigentes y hay otros como Chile, Argentina, México y Paraguay con iniciativas en marcha para la formulación de instrumentos legales similares, agregó la entidad.
El titular de la SNE, Jorge Rivera, explicó al diario La Estrella de Panamá que la normativa establece para las instituciones públicas la ejecución de un plan de reemplazo de su flota por vehículos eléctricos.
También el programa abarca el transporte público de pasajeros masivo, colectivo y selectivo, a cargo de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.
La movilidad eléctrica forma parte del plan de transición energética de Panamá, a través del cual ha adoptado el compromiso de seguir siendo un país con una matriz eléctrica verde, a partir del desafío de disminuir el uso de combustibles fósiles en su matriz energética.
Rivera señaló además que en los primeros seis meses de 2022, el 90 por ciento de la generación eléctrica en el istmo provino de fuentes de energía renovable, y para septiembre del año pasado, el 97 por ciento provino de fuentes limpias.
Además recordó que el próximo 28 de febrero se hará el lanzamiento de la estrategia de hidrógeno verde derivado, crucial también para la transición energética y el futuro del transporte.
Panamá produce actualmente 11 mil gigavatios (GW)de energía al año y para 2030 según un escenario conservador se alcanzarían 16 mil GW y hasta 19 mil en un escenario más optimista.
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