La propuesta gubernamental, enviada al Congreso que apoya al Ejecutivo, recibió críticas de la politóloga Paula Távara y del jurista especializado en derechos humanos Carlos Rivera.
Távara comentó que el proyecto constituye otra forma de represión, pues se trata de delitos que se vinculan a la protesta que, aunque con menor intensidad, se mantiene, en demanda de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Añadió que el razonamiento del Gobierno es “en lugar de promover el diálogo, aumento la sanción y genero miedo”, lo cual calificó como bastante autoritario.
El abogado Rivera declaró a Prensa Latina que se trata de una estrategia punitiva de casi todos los anteriores gobiernos, que no ha servido más que para encarcelar más gente, lo que se conoce como “populismo penal”.
“En este caso, además, no solo es inservible, sino que será contraporducente, porque lo único que generará será mayor indignación y repudio de la población hacia el régimen autoritario de Dina Boluarte”, aseveró.
El proyecto plantea modificar 19 artículos del Código Penal para aumentar la pena por delitos leves, actualmente de dos a cinco años, a cárcel de ocho a 14 años.
Los daños graves a bienes durante protestas se sancionan actualmente con prisión de uno a seis años, la propuesta plantea que sea de cuatro a ocho años, y la de atentado contra medios de transporte, de tres a seis años, serían de ocho a 20 años.
Entorpecer el funcionamiento de servicios públicos recibe una pena de seis a ocho años y, de aprobarse el proyecto, será de ocho a 10 años y la participación en disturbios, actualmente castigada con condenas de seis a ocho años, tendría una pena mínima de 15 años.
El gobierno fundamenta el proyecto en la necesidad de reforzar la respuesta del Estado ante delitos cometidos en el contexto de manifestaciones, lo que parece motivado por las grandes protestas iniciadas el 7 de mayo, tras la destitución del hasta entonces presidente Pedro Castillo.
La propuesta sostiene que se debe “establecer medidas inmediatas, urgentes y excepcionales para reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados, cometidos durante la vigencia un Estado de emergencia”.
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