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Expectativas en Bolivia por juicio a racista cruceño

La Paz, 22 feb (Prensa Latina) La audiencia oral y de medidas cautelares contra el cívico cruceño Rómulo Calvo por delitos de racismo, discriminación y ultraje a símbolos patrios programada para hoy mantiene a la expectativa a movimientos sociales de Bolivia.

El inicio del juicio se llevará a cabo en el juzgado número 15 de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en la mañana de este miércoles y estará a cargo del juez Alberto Moreira, afirmaron medios periodísticos de este territorio.

Durante los actos protocolares por el aniversario cruceño el 24 de septiembre de 2021, el gobernador, Luis Fernando Camacho, suspendió los actos centrales donde participaba el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.

En esa ocasión, el entonces presidente del Comité Cívico, Calvo, calificó públicamente a la Wiphala de “trapo” que no le representa, una nueva agresión a ese valor patrio, refrendado en la Constitución.

Tal ultraje a símbolos como la bandera, el escudo o el Himno Nacional está previsto en el artículo 129 del Código Penal con una sanción de reclusión de seis meses a dos años.

En diciembre de 2022, la diputada del Movimiento al Socialismo Estefanía Morales anunció que el juicio oral contra el cívico cruceño por delitos de racismo, discriminación y ultraje a los símbolos patrios, se llevará a cabo el 22 de febrero de 2023.

Resulta “importante aclarar a la población. Nosotros no pactamos jamás con la derecha, es más, estamos haciendo seguimiento a todos los procesos que existen en contra del señor Rómulo Calvo, en el caso de la Caja Petrolera, este otro delito, y también por lo que ha pasado en los 36 días del paro”, sostuvo la parlamentaria según un reporte de la Cámara de Diputados.

Adicionalmente, la diputada Rosario García presentó una denuncia penal en contra de Calvo, quien también deberá responder por los hechos de violencia en la capital cruceña tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho el 28 de diciembre de 2022.

Él y otros promotores de la violencia en Santa Cruz son acusados de la presunta comisión de los delitos de terrorismo, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de servicios públicos, destrucción y deterioro de bienes del Estado e instigación pública a delinquir tras la ola de violencia que vivió el departamento cruceño.

Según un informe del Ministerio de Gobierno, los grupos paramilitares subordinados al Comité Pro Santa Cruz quemaron a finales de 2022 durante el paro de 36 días 44 vehículos y 27 infraestructuras, y además intentaron tomar el Comando de la Policía durante varios días, lo cual provocó enfrentamientos.

oda/jpm

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