El exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) fue declarado culpable el 6 de junio de 2022 de nueve cargos de robo de fondos federales, sobornos y fraude electrónico de servicios honestos.
Alonso-Vega autorizó varios ajustes salariales para sus asistentes en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, con los cuales acordó que le entregarían la mitad del importe total de la subida de sueldo, a repartir entre cada día de pago.
La pérdida total para la Cámara de de Diputados fue de 81 mil 500 dólares, de los cuales el demandado recibió más de 40 mil.
El asistente, quien testificó durante el juicio federal en San Juan, utilizó una variedad de medios para transferir los sobornos, como ATH Móvil, hizo retiros al momento en que recibió su cheque de pago y entregó dinero en efectivo y, en otras ocasiones, hizo pagos a una cuenta personal del diputado.
Al proceder el juez Arias Marxuach con la condena a 63 meses de cárcel, el abogado defensor Michael Corona intentó que el exdiputado del anexionista PNP cumpliera la pena en su hogar por ser ciego y considerar que no hay una prisión que pueda brindarle “un acomodo adecuado”.
Igualmente, el magistrado rechazó una petición del abogado para que la sentencia a Alonso-Vega fuera menor.
“Seguimos viendo los resultados de nuestros esfuerzos en la lucha contra la corrupción pública en Puerto Rico”, estableció el fiscal federal Muldrow.
El fiscal federal adjunto Scott Anderson procesó el caso, que fue investigado por el agente especial Juan Carlos López, del Buró Federal de Investigaciones de la Oficina de Campo de San Juan.
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