El oficialmente llamado apoyo económico está dirigido a los deudos de los caídos y también a los heridos de gravedad entre el 8 de diciembre y el 10 de febrero y la primera nómina incluye a 91 deudos de 52 fallecidos, de los que 48 son civiles ultimados durante disturbios en ese lapso.
La lista fue elaborada por una comisión multisectorial, que analizó los casos y los deudos de los muertos recibirán 50 mil soles (aproximadamente 13 mil dólares) y los heridos graves la mitad de esa suma, en ambos casos por una sola vez.
El decreto de urgencia emitido para el efecto precisa que se trata de una subvención sin carácter de resarcimiento ni reparación, pues no implica que el Estado asuma eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales.
Al respecto, el Gobierno sostiene que los caídos son, en general, víctimas de acciones ilegales violentas de grupos pequeños a los que califica como vándalos.
El primer ministro, Alberto Otárola, dijo esta semana que los ministros de Defensa, Jorge Chávez; e Interior, Vicente Romero, no son responsables de las muertes.
Anteriormente, el alto funcionario, que era ministro de Defensa en a primera etapa de las protestas y muertes, negó también que la presidenta Dina Boluarte, cuya renuncian reclaman las protestas, tenga responsabilidad en lo ocurrido y tampoco él mismo.
Además, ayer dijo que el principal responsable de las muertes es el expresidente Pedro Castillo, cuya destitución y prisión motivaron las protestas porque, según el discurso oficial, durante menos de 17 meses de Gobierno, fustigó a los partidos de derecha y llamó a la población a defenderlo.
El abogado Juan José Quispe, especialista en derechos humanos, refutó lo dicho por el jefe del Ejecutivo recordó que las denuncias por las muertes están dirigidas contra Boluarte y Otárola, así como varios ministros y altos jefes militares y policiales, porque están en la cúspida de la cadena de mando sobre los autores directos.
“Existe el precedente del caso del expresidente Alberto Fujimori, condenado como autor mediato por encabezar el aparato organizado de poder”, lo que, sostuvo, se aplica al caso actual.
También descartó que los autores directos aleguen que obedecían órdenes, a las que deben negarse si son ilegales, como la de disparar a civiles inermes, violando los reglamentos que ordenan usar las armas en conmociones civiles solo ante amenaza inminente y no disparar a matar, sino a las piernas o los brazos.
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