“Manifestar de manera clara y firme de que no habrá ninguna amnistía, de que no habrá impunidad que es lo que se busca en el fondo con estas acciones, con este discurso, con estas declaraciones que usted (Rómulo Calvo) ha realizado el día de ayer”, aseguró en conferencia de prensa.
Aclaró Prada que en Bolivia no existen presos políticos, pues “quienes han cometido delitos tienen que responder ante la justicia”.
En respuesta a la amenaza formulada la víspera por Calvo al jefe de Estado de iniciar un proceso revocatorio contra su mandato constitucional si en las próximas 72 horas no decreta una amnistía para los supuestos “180 presos políticos”, Prada fue tajante.
Figuran entre esos encarcelados la expresidenta de facto Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos imputados en el expediente penal Golpe de Estado I.
Investiga este proceso la conspiración que forzó la renuncia del expresidente Evo Morales, encumbró inconstitucionalmente a Áñez y dio lugar a masacres como las de Sacaba y Senkata con saldo de 38 muertes, centenares de heridos, y miles de detenidos ilegalmente y torturados.
Las autoridades gubernamentales recordaron en reiteradas ocasiones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana Derechos Humanos investigó “in situ” y confirmó que, tras el golpe de Estado de noviembre de 2019 se consumaron masacres de civiles desarmados.
También el GIEI verificó que en la comisión de esas ilícitas el régimen de facto no solo utilizó a las fuerzas castrenses y policiales, sino también a las paramilitares Resistencia Juvenil Cochala y a la Unión Juvenil Cruceñista.
Precisamente el punto 10 de las 36 recomendaciones realizadas por el GIEI señala que se debe “garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos”.
Durante la conferencia de prensa, Prada reforzó la postura gubernamental, recordó que varios de los procesados deben responder por los delitos que cometieron durante los últimos años, entre ellos por las quemas y saqueos que promovieron durante el paro que se realizó por 36 días, entre octubre y noviembre de 2022.
Esos grupos violentos también destruyeron cerca de 30 edificios de entidades públicas, entre ellas de la Fiscalía, de la Policía y la casa del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.
Tales delitos ocurrieron tras la detención de Camacho, el 28 de diciembre de 2022.
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