Parlamentarios de oposición y juristas cuestionaron desde diversos puntos de vista el proyecto que prevé elevar las penas para 19 delitos, como el de robo agravado, que actualmente se castiga con cárcel de 10 a 20 años y el Gobierno quiere penarlo con cadena perpetua.
El analista jurídico Alejandro Céspedes comentó que que si bien en la lista de delitos considerados hay algunos que no se relacionan con el derecho a la protesta, “es evidente y preocupante que se busca agravar las penas durante la vigencia de un régimen de excepción, en relación con las manifestaciones que pueda realizar la ciudadanía”.
Recordó que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales las normas que establezcan medidas punitivas contra ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta durante estados de emergencia.
La abogada Jackeline López anotó que el proyecto afectaría el principio de proporcionalidad, pues delitos menores no incluidos en la lista tienen penas mayores, lo que, según el abogado Eduardo Roy Freire, indica que no se puede poner parches al Código Penal, sino, en todo caso, revisarlo integralmente.
Por su parte, el penalista Mario Amoretti dijo que la medida planteada no resuelve los problemas que pretende enfrentar y señaló que la experiencia indica que anteriores gobierbos han r tomado decisiones similares, sin resultado.
El parlamentario opositor Jaime Quito expresó su enérgico rechazo al proyecto presentado por la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola.
“El gobierno usurpador quiere más cárcel para el pueblo que protesta legítimamente, mientras mata y persigue a quienes protestan”, dijo en referencia a la muerte de 48 civiles y un policía caídos en las protestas iniciadas el 7 de septiembre, que demandan la renuncia de Boluarte.
Las demostraciones de descontento pesisten sobre todo en la región de Puno, con huelgas, movilizaciones y bloqueos de carreteras que impiden el tránsito terrestre entre Perú y Bolivia y ayer se reanudaron en la región surandina de Cusco, con un cierre vial en la provincia de Chumbivilcas.
El semanario Hildebrandt en sus 13, opositor, informó ampliamento sobre preparativos de protestas más intensa en Puno, pese a que en ese territorio el orden público fue puesto en manos de las Fuerzas Armadas, que tienen allí bajo su mando a la Policía.
El semanario derechista Caretas citó informes policiales sobre aprestos de comunidades de provincias de Puno, para el envío de manifestantes a Lima, donde un primer contingente trajo las protestas a la capital.
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