Santa Cruz “necesita no solamente de una gestión integral para atender los problemas estructurales” del departamento, sino también para responder los requerimientos relacionados al desarrollo productivo, educación y salud, comentó la titular.
Al referirse a la decisión judicial de que la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) decida sobre la vacancia temporal y la suplencia en el cargo del gobernador, encarcelado en la prisión de Chonchocoro desde finales de diciembre, Prada reafirmó ese punto de vista.
Esperemos que “realmente se tome la decisión en el marco de lo que se ha determinado pensando siempre en el bienestar de las familias cruceñas, del pueblo cruceño y no en el interés político de una persona y un determinado grupo o partido político”, reiteró en entrevista al canal PAT.
De esa forma se refirió la jefa de cartera a la decisión adoptada la víspera por la Sala Constitucional Tercera de exhortar a la ALD a pronunciarse sobre la “vacancia temporal” y suplencia del gobernador Camacho.
Esa instrucción de los jueces fue asumida en respuesta a la Acción de Cumplimiento planteada por asambleístas departamentales del Movimiento al Socialismo (MAS) con el objetivo de que se aplique el artículo 25 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz.
Según esa normativa, “ante la ausencia temporal de la Gobernadora o el Gobernador se produce la suplencia gubernamental, asumiendo la Vicegobernadora o el Vicegobernador las funciones de Gobernadora o de Gobernador”.
Es decir, en correspondencia con el Estatuto Autonómico, corresponde el segundo hombre en la estructura ejecutiva departamental, Mario Aguilera, asumir de forma temporal la administración territorial ante la ausencia de Camacho, encarcelado de manera preventiva por estar imputado en el expediente penal Golpe de Estado I.
En este proceso se investiga la conspiración que forzó la renuncia del entonces presidente Evo Morales, encumbró inconstitucionalmente a la gobernante de facto Jeanine Áñez y dio lugar a masacres como las de Sacaba y Senkata con saldo de 38 muertes, centenares de heridos, miles de detenidos ilegalmente y torturados.
Alain Núñez, presidente de la Sala Constitucional Tercera, precisó que debe ser la ALD la que se pronuncie sobre esta “vacancia temporal” y lo que corresponda aplicar conforme al Estatuto Autonómico y la Constitución Política del Estado.
El ente legislativo, actualmente controlado por la alianza Creemos, de Camacho, debe aprobar una “complementación, una ley interpretativa o una declaración” en un plazo de entre 10 y 20 días, como establece el Estatuto Departamental.
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