De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ejecutivo ha solicitado una visita sobre el terreno de ese organismo para confirmar las medidas dirigidas a enfrentar las deficiencias señaladas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El MEF hizo referencia al resultado de la última reunión plenaria del GAFI, donde el pais obtuvo una mejora en sus calificaciones cumpliendo 13 de las 15 acciones establecidas por el ente hace cuatro años.
La nota oficial de esa cartera precisa que las otras dos acciones restantes se mantienen como parcialmente cumplidas con avances significativos, entre ellas el Registro Único de Beneficiarios Finales.
También señala como ampliamente cumplida la acción concreta sobre investigaciones de blanqueo de capitales con delitos fiscales extranjeros como precedente.
Al respecto, menciona que se fortalecieron las capacidades legales e institucionales a través de una Fiscalía Especializada en investigaciones de Lavado de Dinero para delitos fiscales cometidos en el extranjero.
Además, dio inicio a 10 investigaciones de posibles delitos fiscales extranjeros y ha obtenido dos condenas y decomisos por este tipo de irregularidades.
La víspera, el GAFI actualizó el registro de los países que siguen en su lista de jurisdicciones “bajo supervisión forzada”, entre ellos Panamá por su incumplimiento al plan de acción que expiró por completo en enero de 2021.
El organismo internacional mostró su preocupación por este retroceso e instó “encarecidamente” a la nación canalera completar rápidamente su plan de acción para junio de 2023, de lo contrario considerará llamar a sus miembros para aplicar debida diligencia mejorada en las relaciones comerciales y transacciones con el istmo.
También reconoció que “Panamá ha dado pasos importantes para mejorar su régimen antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, incluso demostrando su capacidad para investigar y enjuiciar casos que involucre delitos fiscales extranjeros.
Sin embargo, mencionó que el país debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas, asegurando una verificación adecuada de información actualizada sobre beneficiarios finales por parte de las entidades obligadas y acceso oportuno por parte de las autoridades competentes.
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