En las últimas semanas el número de víctimas atribuidas a la acción de las pandillas marcó un descenso sostenido con meses como enero con registro de 0.3 asesinatos diarios e índices de 0.5 a 0.6 desde que comenzó la aplicación del régimen de excepción, según estadísticas de la Policía Nacional Civil.
Los resultados del Plan de Control Territorial y el estado de excepción encaminan al país a sacar de las calles a la mayoría de los pandilleros, lo que debe redundar en un menor número de homicidios y en un aumento de la seguridad, de acuerdo con las autoridades.
En eso influirá, sin dudas, el incremento de las capacidades carcelarias, luego de que en la última semana comenzó a funcionar la que es considerada la mayor prisión del mundo de máxima seguridad.
El denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en Tecoluca, en el departamento de San Vicente, tiene capacidad para más de 40 mil mareros, cabecillas, colaboradores y otros.
Según informes, el recinto supera a otras grandes cárceles como la de Silivri, en Türkiye, que puede albergar a cerca de 23 mil reclusos, la cárcel del condado de Los Ángeles (19 mil 836 reos) e Isla Rikers, en Nueva York (casi 14 mil).
El Cecot es presentado como un bunker protegido por muros de 12 metros de altura, 19 torres de vigilancia y siete anillos de seguridad, en los que se moverán 250 policías y 600 militares, más unidades militares en las cercanías lista para intervenir.
Los estándares con los que se construyó esta obra son de los mejores internacionales. Tenemos la mejor infraestructura carcelaria de Latinoamérica y la de mayor capacidad del mundo, opinó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
En la última semana fueron trasladados los primeros dos mil “huéspedes” de la penitenciaría en momento de gran hacinamiento en las instalaciones carcelarias existentes en el país.
Informes de las autoridades aseguran que el número de presuntos pandilleros y colaboradores detenidos se acerca a los 65 mil, aunque miles de personas fueron arrestadas y liberadas al comprobarse su inocencia, pero todavía hay muchas demandas reclamando la liberación de inocentes.
Diferentes organizaciones de derechos humanos acusan al Gobierno de violar derechos humanos, mientras es alarmante que un gran por ciento de los arrestados se encuentran en el rango de edad de 18 a 30 años, incluso hay menores de edad.
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