El comienzo de la llegada de delegaciones de las 13 provincias de la región surandina de Puno, la de mayor participación en las demostraciones iniciadas el 7 de diciembre pasado, se denomina “La segunda toma de Lima”.
Tal nombre se refiere a la primera llegada de quechuas y aymaras andinos, el 19 de enero pasado, que durante varios días marcharon en Lima con el apoyo de organizaciones sociales, partidos progresistas y vecinos de barrios populares que se aprestan para recibirlos.
Previamente, en cada una de las provincias de Puno se realizaron colectas de fondos y otros aportes para costear el desplazamiento de los marchistas a la capital.
El presidente del Frente de Defensa Aymara y de los Recursos Naturales de Puno, Edgar Chura, desmintió tajantemente versiones policiales filtradas a la prensa que atribuyen a los manifestantes la intención de tomar instalaciones estratégicas y hasta llegar a la casa de la presidenta Boluarte.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, por su parte, dijo que informes de Inteligencia dan cuenta de la preparación del viaje, ara el cual e está convocando a la mayor cantidad de personas posible, según dijo.
Sobre las marchas anunciadas, reconoció que son un derecho constitucional y están autorizadas, pero el hecho que se lleve a cabo “acciones de degeneración que sean violentas, ya es otra cosa”, afirmó.
Chávez confirmó el enfoque gubernamental que considera las protestas como un problema de orden público, pues dijo que “La Policía está tomando todas las previsiones”.
Sostuvo que los actos de violencia registrados durante manifestaciones anteriores tendrían el objetivo “políticamente sesgado de desestabilizar la acción de Gobierno”.
Según Chávez, los hechos violentos son encabezados por el expresidente Pedro Castillo, encarcelado tras su destitución, y la dirigente campesina Lourdes Huanca, por lo que el gobierno ha tomado medidas que el exmandatario coordine las movilizaciones desde la cárcel, donde se encuentra en prisión preventiva.
Pese a los argumentos gubernamentales, una encuesta publicada ayer indicó que 58 por ciento de los consultados se identifican con las protestas, 55 por ciento creen que las movilizaciones lograrán el adelanto electoral y 51 por ciento que conseguirán la dimisión de la presidenta Boluarte.
jcm/mrs
