Ante la inminente llegada de contingentes quechuas y aymaras de la región surandina de Puno, que vienen a demandar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, Otárola anunció que el Gobierno los apoyará y entederá sus recamos.
Pero también hizo “una invocación para que esta relativa paz que se ha conseguido en el país perdure”, lo cual alude al hecho de que las protestas iniciadas el 7 de diciembre ante la destitución y prisión del presidente Pedro Castillo declinaron en las últimas semanas, y que en opinión mayoritaria continuarán y hasta se intensificarán.
El primer ministro informó que el lunes el Consejo de Ministros tuvo una sesión extraordinaria, en el que cada titular expuso sus planes para Puno, y afirmó que la presidenta hará pronto anuncios importantes sobre ese territorio, bastión de las protestas antitubernamentales.
Por su parte, el ministro de Justicia José Tello admitió como un hecho que las manifestaciones se mantienen y lo bueno, afirmó, es que se encauzaron hacia lo que puede ser una protesta ciudadana, sin el ingrediente de la violencia.
Mencionó como punto importante que el Gobierno busca interlocutores para dialogar con la sociedad civil de Puno, mediante los familiares de los fallecidos y autoridades regionales, provinciales y municipales elegidas.
Entretanto, en Puno se realizó una masiva marcha contra el Gobierno y la jefa de Estado, que se desarrolló pacíficamente y ratificó la decisión de enviar delegaciones de las 13 provincias de Puno a llevar sus reclamos a la capital.
Por otra parte, los ministros Otárola y Tello coincidieron en afirmar que se respete el deseo de la presidenta Boluarte de responder por videoconferencia a las preguntas de la Fiscalía, que la citó a declarar en la sede del Ministerio Público.
La indagación se debe a una denuncia contra ambos y exmiembros de la administración actual por genocidio, lesiones graves y muertes registradas durante las protestas, con un saldo total de 48 caídos en disturbios, un policía asesinado y 11 civiles fallecidos en accidentes y otras situaciones relacionadas con los disturbios.
Según una reciente encuesta privada, el 58 por ciento de los encuestados se identifica con las protestas antigubernamentales, 55 por ciento cree que estas lograrán el adelanto electoral que exigen y 51 por ciento piensa que conseguirán la dimisión de la presidenta Boluarte.
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